Durante años se nos explicó, con tono doctoral y ceja levantada, que vivir en la calle no era una tragedia social sino un derecho. O tal vez «también un derecho». Un derecho casi identitario. Un modo de vida alternativo que debíamos respetar, comprender y, sobre todo, no perturbar. Molestar al que dormía en la vereda era poco menos que un atentado contra las libertades públicas.
Pasaron los años, cambiaron los cargos, y al parecer también cambiaron los derechos.
Desde este jueves, el Ministerio del Interior decidió que de Cordón a Ciudad Vieja —es decir, donde los cruceristas ven la pobreza desde la ventana del bar— la cosa ya no va más. Se aplica la ley de faltas, se levanta campamento y se traslada gente en situación de calle rumbo a Casavalle, convenientemente lejos del circuito turístico, gastronómico y electoral. Todo muy humano, todo muy sensible, todo muy “en coordinación con el Mides”.
El operativo es digno de una superproducción nacional: ómnibus, custodia, camión de residuos, técnicos, policía, Republicana y Bomberos. Falta Netflix y estamos. El mensaje es claro: la calle es un derecho… salvo cuando molesta. Y molesta, sobre todo, cuando los vecinos y comerciantes empiezan a levantar la voz y a amenazar con votar distinto.
Las autoridades explican que no se trata de castigar, sino de asistir. Que nadie se confunda. Esto no es represión, es contención con ruedas. Si alguien se resiste, bueno… la asistencia podrá ser compulsiva, porque así lo habilita la ley de faltas. Una ley que durante años fue poco menos que fascismo encubierto, pero que hoy, curiosamente, se volvió una herramienta solidaria.
El ministro del Interior habló de “hacer visible la preocupación” por la gente en calle. Visible, sobre todo, para quienes ya estaban bastante cansados de verla, porque la empatía tiene un límite geográfico bastante claro: llega hasta donde empieza la vereda del negocio propio.
Desde el Mides, mientras tanto, se reconoce que el problema es complejo, transversal, multicausal y difícil de medir. Que hay violencia, cárcel y/o trayectorias rotas. Todo cierto. También se reconoce que sigue habiendo mucha gente en la calle, lo que no deja de ser un dato llamativo para quienes hace pocos años explicaba que eso, justamente eso, era una opción válida.
Ahora se habla de nuevas herramientas, de refugios con más privacidad, de procesos de egreso, de continuidad. Todo muy serio, muy técnico… y muy parecido a lo que se decía antes… con la salvedad de que ahora el que no acepta la ayuda puede terminar aceptándola igual.
Los vecinos, por su parte, celebran. Entienden que el reclamo “influye en la seguridad pública”. Y seguramente influyó también en la agenda del gobierno, que descubrió de golpe que la calle no es tan romántica cuando empieza a tener costo político.
Así, lo que durante años fue un derecho incuestionable, hoy es una falta. Lo que era diversidad de modos de vida, hoy es campamento a levantar. Y lo que antes era sensibilidad social, hoy es operativo metódico, diario y sin fecha de finalización.
No es que el gobierno haya cambiado de opinión.
Es que hay derechos que duran lo mismo que la paciencia de los votantes. Y cuando un derecho empieza a viajar en ómnibus policial rumbo a Casavalle, conviene preguntarse si alguna vez fue un derecho… o si siempre fue un eslogan mal estacionado.
Hasta la próxima, si es que hay...
@dannyvile
**Publicado originalmente en Conrtaviento.uy, 24/01/2026
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