Resumen de deseos.

Limpiando prontuarios. Los puntos sobres las íes…

Limpiando prontuarios.

Los puntos sobres las íes…

Lindo relajo se armó sobre fin de año. Justo a tiempo para que el alcohol de las fiestas y calor del verano logre que lo olvidemos en poco tiempo. Es por eso que prefiero reflexionar sobre esto ahora, que aún están sobrios. J

Vayamos por partes.

Lo primero que se debe abordar es el punto del delito en sí. El “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley” ¿Es un delito bien tipificado? ¿Es un delito que debiera existir en un estado democrático? Las respuestas, a mi entender son bastante simples: No y No.

El primer “NO” es fácil de explicar. Basta una simple lectura de su redacción para ver que de la misma no surge en forma clara, contundente, sin que presente dudas, cual es la conducta que se quiere castigar. Utiliza términos que en derecho se llaman “conceptos jurídicos indeterminados”, los cuales son llenados por el juez de turno de acuerdo a su experiencia, a la experiencia de otros jueces y al sentir social, Realmente un atropello. Nada garantista. Y con construcciones lógicas que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, comete “Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley” “el funcionario público que con abuso de su cargo…”. Es decir, comete abuso el que abusa… lo que es lo mismo que no decir nada. No es posible definir algo utilizando ese mismo algo.

Hasta el propio nombre es absurdo. Previene de los delitos no previstos en la ley, por lo que como éste delito está previsto en una ley (el Código Penal), no es alcanzable por sí mismo!!!

El segundo “NO” hace a los propios derechos individuales. Uno de los mayores avances del derecho (y por tanto del respeto de la personalidad humana) fue la Ley escrita. La Ley escrita, y por tanto pública, permanece inmutable hasta que expresamente se modifique. Eso permite que los ciudadanos la conozcamos, y que por tanto, podamos saber, antes de hacerlas, que conductas nuestras están permitidas y cuales serán castigadas. Pero para que esto suceda, las conductas prohibidas deben estar descritas con precisión, no en forma aproximada o genérica. Cumplido esto, no estaremos a la decisión de una autoridad arbitraria que decida por sí y ante sí si merecemos un castigo o no. Si nos comportamos exactamente como la previsión legal, seremos castigados, caso contrario, no.

No en vano los estados democráticos modernos le dan al principio de legalidad en materia penal el rango de garantía a los derechos humanos. Este principio lo que viene a decir es que únicamente la Ley puede establecer que una conducta es un delito. Nos aleja de la arbitrariedad de la autoridad que juzga nuestros actos. El derecho penal, en tanto pone en juego unos de los derechos más importantes del ser humano (su libertad) debe ser muy cuidadoso en determinar en que casos se le podrá quitar. Se debe establecer claramente cuales son esas circunstancias, sin dejar lugar a interpretaciones ajenas a la propia ley. No puede depender nuestra suerte del juez que nos toque.

****************************

El otro punto que ha disparado estas reflexiones es el hecho que, al parecer y  según trascendidos de tuiter (?), estarían tratando de derogar este delito para limpiar el prontuario de dos personas.

La realidad es su derogación limpiaría el prontuario de muchos más, y de varias tiendas políticas. Eso lo iremos viendo al analizar como se alinean las votaciones en las Cámaras… Como dijo Benedetti, somos muchos más que dos.

Y sobre esto surgen un montón de nuevas reflexiones…

Partiendo de la base que este delito debe ser derogado, ¿es este el momento justo para hacerlo? Leyendo actas de la Cámara de Senadores del año 2007, tratando la derogación de este delito en base a un proyecto de un único artículo presentado por el Dr. Sanguinetti, los Drs. Breccia y Korseniak entendían  que aquel no era el momento dado que existían causas pendientes en la justicia. Que si bien eran partidarios de su derogación, proponían pasarlo a estudio de la Comisión a cargo del nuevo Código Penal. Una manera elegante de ponerlo a dormir.

El Senador Michelini fue más drástico. Manifestó que “…no soy partidario de derogar el artículo… personalmente, prefiero hacerle las modificaciones necesarias para que sea más preciso… Por supuesto, cada uno tendrá su propia opinión acerca de lo que han determinado los Jueces sobre este tema, pero lo cierto es que en varias oportunidades se ha tipificado con esta figura penal situaciones absolutamente inexplicables de manejo de los dineros públicos, que le han ocasionado un verdadero perjuicio a la Administración… No quisiera que por el hecho de que el artículo no es preciso le quitemos herramientas a los Jueces, cuando a la vista está que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros públicos...”.

Y es posible que algunos actores que en ese entonces querían derogarlo, hoy tomen el argumento de que no es el momento oportuno.

Sin duda que es bueno que las personas cambien de opinión, de eso no puede haber dudas, pero…

****************************

Otro tema que sorprende es la cantidad de archivos policiales y judiciales que han salido al ruedo.

Parecería ser que cuanto más se enchastra al rival, más limpio queda uno. Grave error. Lo único que logran es quedar todos sucios. Que el otro haga lo mismo que yo no santifica mi conducta. Si así no fuera, los delincuentes presos, que están rodeados de otros delincuentes presos, estarían pidiendo su libertad inmediata, y deberíamos concedérselas, no?

Que difícil es para algunos admitir los propios errores cuando son tan hábiles en marcar los errores ajenos.

****************************

Por último no me queda más que pensar en los indagados. Si fueran salvados por una sanción ultra rápida del nuevo Código Penal, siempre quedará en el imaginario colectivo eso, el que fueron salvados en el anca de un piojo. Y seguramente el nuevo código Penal pasará a llamarse el Código Lorenzo, o algo similar. Claramente no se lo merece. Tal vez debamos dejar actuar a la justicia, esperar el pronunciamiento de la Corte (el cual, dado los antecedentes jurisprudenciales, es previsible) y eventualmente el fallo de la jueza. Tal vez dicte un auto de procesamiento. Tal vez no. Pero si no dejamos que la justicia se exprese, el manto de duda será permanente. Y el descreimiento de la “clase política” también.

E incluso si se dictase finalmente un auto de procesamiento, votemos el nuevo Código Penal ese mismo día. Deroguemos el delito y limpiemos sus fichas. Sería harto comprensible limpiar la ficha cuando la mancha es en virtud de algo que no debió existir. Pero no lo sería tanto el dejarles una mancha por una derogación apresurada.

FELICES FIESTAS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE….O NO.

PISA al tacho… Los puntos sobres las íes…

PISA al tacho…

Los puntos sobres las íes…

Nuevamente saltó a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente de la mano de los malos resultados logrados. Como no soy de los que apoyan la teoría de “cuanto peor, mejor”, debo manifestar que los resultados obtenidos me apenan. Y no me apenan por mí, ya que a la luz de la performance de nuestros estudiantes no veo que me aparezca competencia de relevancia en un corto plazo. Me apena sí por mi hijo, y por los hijos de todos aquellos que los tienen. Me apena por las generaciones perdidas. Y más me apena por mi país en su conjunto.

Un país chico como el nuestro, sin grandes recursos naturales, sin grandes industrias o sin grandes desarrollos en ciencia y tecnología, para diferenciarse y triunfar sólo puede apostar a la excelencia en lo que hace. Y para esto necesitamos gente educada, otras que sepan educar, y por último también necesitamos personas con capacidad de ser educadas. Creo que fallamos en los dos últimos rubros.

***************************

Nuevamente salió a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente empezamos a escuchar justificativos para estos magros resultados. Hasta he escuchado que los responsables últimos del fracaso (o al menos corresponsables) son los padres de los muchachos! Parecería ser que como ahora las madres también salen a trabajar, descuidan a los chicos, y por tanto éstos no aprovechan la educación que se les brinda. Pero señores, las madres salen a trabajar aquí, y en casi todos los países del mundo, o al menos, en aquellos países que ocupan las primeras posiciones en el ranking PISA (tal vez con la excepción de alguna monarquía islámica). Y aunque esto realmente fuese una justificación de los resultados, el fracaso no se estaría dando por este seudo-abandono, sino que en definitiva el fracaso sería por no haber tomado estos datos de la realidad al considerar el diseño de los sistemas o la metodologías de enseñanza.

***************************

Nuevamente salió a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente empezamos a escuchar justificativos tendientes a desacreditar la prueba por estar diseñada para otras realidades. Pero basta mirar a los países ubicados arriba nuestro para ver que  existen de Asia, América, y Europa; de mayoría protestante, católica, budista, judía y musulmana; estados confesionales, laicos y ateos, de derecha y de izquierda, democráticos y no tanto, muy poblados o casi despoblados, de muy altos PBIs y PBIs bajos, de IDH muy bueno y no tanto… ¿Acaso los uruguayos seguimos considerando que somos tan especiales? ¿Somos acaso marcianos?

Aún cuando se acepte por un rato esta hipótesis, y admitamos también por un rato que no es posible compararnos con el resto de los mortales, la prueba PISA si permite compararnos con nosotros mismos. Y el resultado sigue siendo descorazonador. Desde el 2003 (primera evaluación uruguaya) a la fecha, la tendencia ha sido de una baja de nuestros resultados. Hoy estamos mucho peor que en 2003, y si nada hacemos, en 2015 estaremos mucho peor que hoy.

***************************

Nuevamente salió a la palestra el tema de la educación. Y por suerte no escuché (al menos yo) a nadie hablar de la “herencia maldita”. Y bueno sería. Los chicos evaluados en 2012 rondaban los 14-15 años, por lo que ingresaron a la escuela hace unos 9 años, o tal vez 11 si consideramos los ciclos preescolares. Claramente no podemos hablar de herencia maldita. Tal vez por eso buscamos otros culpables. Para el Gobierno son las familias, para las familias son los docentes, para los docentes es el Gobierno, y para todos ellos, el Gran Bonete.

Como frutilla de la torta, el peor resultado se obtiene una vez en pleno rodaje la nueva Ley General de Educación (Ley 18.437 de 2009).

***************************

Nuevamente salió a la palestra el tema de la educación. Y tristemente escuché a muy poca gente intentar aportar soluciones. No soy experto en el tema, pero ello no me inhibe a tirar ideas. Y no son pocas las que se me ocurren. En primer lugar, intentar un gran acuerdo nacional, el cual deberá ser protegido del bombardeo corporativo que pueda sufrir. A esto se le debería agregar algunas medidas para volver a centralizar la conducción de la enseñanza. No es aceptable que cada órgano desconcentrado haga lo que se le ocurra, y el organismo central no pueda tener injerencia directa en ninguno de ellos. LA POLÍTICA EDUCATIVA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO, Y DEBE SER EL ESTADO QUIÉN DE LOS LINEAMIENTOS. No me parece mal darle participación a los gremios o a otros actores sociales, pero su participación debe restringirse a escuchar su opinión, pero nunca a decidir sobre las políticas a seguir. Podrán seguir existiendo órganos desconcentrados, pero con cometidos y potestades bastante más reducidas que en la actualidad. Incluso, creo conveniente que existan delegados (con voz pero sin voto) de la enseñanza media en los órganos de primaria y de la Universidad. Con esto tal vez logremos facilitar la coordinación entre las distintas etapas. Se deben hacer cumplir las reglas básicas y no favorecer (no importa lo noble de su intención) a quienes no llegan al nivel mínimo requerido, o asisten en forma esporádica. Se debe castigar a los padres de aquellos que no asistan. Se debe sancionar a aquellos docentes que faltan consetudinariamente (y que no siempre lo hacen en sus puestos de la enseñanza privada) y no, en cambio, premiarlos con premios por presentismo, y descuentos en cuotas, o participación en las “economías”.

En definitiva, DEBEMOS empezar a recorrer el camino de recuperar el gobierno de la enseñanza.

Clemenceau dijo que la guerra era un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares. Pues bien, la educación es un tema demasiado serio para dejarla únicamente en manos de los docentes.

Los tributos y la redistribución de la riqueza. Los puntos sobres las íes…

Los tributos y la redistribución de la riqueza.

Los puntos sobres las íes…

            Mucho se ha discutido este fin de semana si es necesario aumentar la carga tributaria o no. Creo que la discusión es equivocada, o siendo menos drástico, no es ésta la primera discusión a abordar. Hay, a mi parecer, algo más importante a discutir.

************************

            Previo al ingreso al tema, veamos una rápida descripción de los tributos existentes en nuestro país. Existen tres grandes familias de imposiciones, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario. Están las “tasas”, que refieren a una actividad específica del Estado hacia el contribuyente, y cuyo destino es el propio servicio público que la brinda. Existen asimismo las “contribuciones especiales”, que tienen relación con la realización de obras o actividades estatales que otorgan un beneficio al contribuyente, Éstas también tienen un destino específico, que es la financiación de la propia obra o actividad desarrollada por el Estado. Por último están los “impuestos”. Éstos son independientes de cualquier actividad del estado en relación al contribuyente.

           Dado el peso que tienen en la recaudación, y la “libre disponibilidad” de los mismos, son los impuestos los que se llevan la parte del león en los ingresos estatales.

             Los tributos (y en especial los impuestos) cumplen varias finalidades.

          La primera y más obvia es la finalidad recaudatoria. Creo que nadie podrá sostener que un Estado pueda existir sin ingresos para su sustento. En tanto el Estado está obligado a realizar un sinfín de tareas no “vendibles” o brindar servicios o realizar actividades deficitarias en pos del bienestar público, es más que razonable que dichas necesidades sean finalmente soportadas por la sociedad, y esto se logra por medio de impuestos.

            Una segunda función es la función promocional. Por medio de los impuestos se intenta promover determinados comportamientos de los contribuyentes, favoreciendo determinadas actividades, y desmotivando otras por sobre las reglas del libre mercado. A simple modo de ejemplo, los incentivos fiscales, o lisa y llanamente las exoneraciones, son una forma conocida de esta función por la cual se pretende promover determinadas actividades.

            La tercera función a la que me quiero referir es la función redistributiva. A través de esta se intenta influir en la relación comparativa de las situaciones patrimoniales de los individuos, de modo que ésta resulte modificada después de la imposición tributaria y de la utilización del dinero producido.

************************

            Y es a partir de esa última función que nace, a mi entender, la cuestión fundamental: como, para qué y qué redistribuir. Es recién una vez resuelto esto que se torna válida la discusión de si se debe recaudar más o no (sin perjuicio de un análisis sobre la posibilidad de aumentar la recaudación, o en términos de moda, si existe o no espacio fiscal).

            Tengo el convencimiento de la justicia que conlleva la función redistributiva de los impuestos (yendo un poco más lejos, hasta podría aceptar incluso que los “precios” de la empresas públicas puedan cumplir esta función). En lo que no estoy de acuerdo es en el destino que se le da a nuestros impuestos.

            El destinar los impuestos al aumento de salarios públicos por el simple aumento originado en presiones corporativas, a soportar el incremento del gasto corriente, o en definitiva, no destinarlo a bienes perdurables, inversión productiva u obras de apoyo a la producción no es una buena aplicación de la función redistributiva. Lo que aquello logra es traspasar parte de los salarios o ingresos privados a los bolsillos de los asalariados públicos, pero los menos favorecidos no reciben ningún beneficio de esto.

            La función redistributiva debería orientarse a generar nuevos puestos de trabajo (no necesariamente públicos) a través de la inversión en obras o en bienes durables. La función redistributiva debería orientarse a proveerle servicios de salud de primera a aquellos que no pueden costearse un  servicio privado. La función redistributiva debería orientarse a proveer educación de excelencia a aquellos que no la pueden pagar con sus propios medios, así como brindársela en edificios y aulas adecuadas, con el equipamiento necesario y con las comodidades medias. La función redistributiva debería orientarse a brindarle a todos, y no ya a los económicamente menos favorecidos, seguridad. (Algunos querrán agregar aquí la investigación y las nuevas tecnologías, pero yo entiendo que éstas tiene que ver con otra función, la función promocional)

            Por el contrario, no cumplen con esta función – del tributo o de los precios o tarifas – por ejemplo, el simple trasvasamiento de ingresos privados a los bolsillos de los funcionarios públicos, o el gasto de la recaudación en publicidad (propiamente dicha) de organismos estatales.

************************

Retomando lo dicho al comienzo, el aumentar o no aumentar la carga impositiva pasa a un segundo plano. Es necesario, previamente, definir el destino de lo recaudado en función de las metas redistributivas y como aplicaremos la recaudación de acuerdo al presupuesto de necesidades a cubrir. Recién definido esto, y contrastado con los ingresos previstos, podrá saberse si es necesario un aumento en dicha carga.

No podemos aceptar el aumento de los tributos por el sólo hecho de aumentarlos. El aceptarlo estaría dando a los tributos una nueva función, la función “castigativa”. El aumentar por el sólo hecho de sacarle a los que más tienen (lo cual tampoco es cierto pues el percutido termina siendo mayoritariamente la clase media), no habla de redistribución, sino que habla de una especie de venganza hacia los más exitosos. No es ese el camino de lo que yo entiendo como justicia social.

Educación, o cuando se mata al mensajero… Los puntos sobres las íes…

Educación, o cuando se mata al mensajero…

Los puntos sobres las íes…

Brutal crimen.

Delincuentes ingresan en una vivienda y atacan salvajemente a una familia. Vejaciones varias ocasionadas a distintos integrantes de la familia. Vaciaron la biblioteca y la utilizaron para hacer un asado, además de arrasar con sus otras pertenencias. Estuvieron varias horas en el lugar ante la inacción del patrullero estacionado en la puerta de su casa.. Un transeúnte que pasaba por allí, advirtiendo la situación, ingresó a la vivienda y logró reducir a los delincuentes y  liberar a la familia, realizando posteriormente la denuncia policial.

Como resultado de la misma, el transeúnte fue procesado con prisión por un delito de alteración del orden público en concurrencia con dos delitos de provocación o participación en reuniones contrarias al reposo de las poblaciones y contravención a las disposiciones dictadas por la autoridad para garantir el orden, ambos agravados por alevosía, causación de daños innecesarios y la existencia de un móvil de ignominia.

Los copadores, mientras tanto, recuperaron su libertad por desconocer su responsabilidad en los hechos.

Las víctimas, fueron severamente advertidas frente a su manifestación de querer mudarse de barrio por el riesgo que tal actitud representaría en la estigmatización de sus vecinos, con el correspondiente apercibimiento por desacato.

Brutal crimen.

*************

Esta noticia, ficticia por cierto, sorprendería a cualquier lector de cualquier parte del mundo.

O casi de cualquiera. A nosotros los uruguayos, seguramente no.

Ya nos parece hasta normal. Y cambiando algunos actores, y algunas tipificaciones, esto es lo que ha sucedido con el tema de la publicación de los datos de repetición en los liceos de nuestro país.

El oficialismo, o al menos quienes expresaron opinión al respecto (salvo poquísimas excepciones) cargaron sus tintas contra el medio que solicitó, obtuvo y publicó los datos, pero nada dijeron sobre el problema grave que esos datos reflejan. Se puede leer en la prensa frases entrecomilladas tales como que publicar datos de repetición en los liceos es "hacer politiquería barata”, o “pedir el detalle de los liceos y publicarlo es estigmatizar a los liceos y los chiquilines de secundaria se quejan de que los discriminan”, o tal vez la mejor de todas “está utilizando una generosa ley que hizo el Frente Amplio de acceso a la información para hacer politiquería barata”.

Unos pocos comentarios para cada una de ellas.

Publicar los datos de repetición no es politiquería barata. Es por el contrario, satisfacer un derecho que tenemos los ciudadanos de poder conocer o controlar el resultado de los recursos que invertimos en los distintos programas del presupuesto. Ni más ni menos. Y el no hacerlo, por tanto, se transforma en un encubrimiento alevoso de los fracasos de las políticas aplicadas.

En segundo término, el conocimiento de los datos no estigmatiza a los chiquilines. Admitir lo contrario sería, tal vez, hasta cargarle las culpas de los mismos. Puede ser que estigmatice a los responsables de la creación de los planes, o de la implementación de los mismos – a los cuales no veo razón para proteger – o de su puesta en práctica, pero a los chiquilines, NO, NO y NO. Por el contrario, aquellos que aún provenientes de esos liceos logran sortear la carrera con obstáculos en la que fueron inmersos, seguramente contarán con ventajas a la hora de ser seleccionados o destacaran en el desempeño de sus tareas. El simple hecho de poder llegar al final ya habla de su fuerte decisión y compromiso de superación.

Por último, señores, el FA no nos regalo generosamente ninguna ley de acceso a la información pública. DICHO ACCESO ES UN DERECHO CIUDADANO. Es la forma que tenemos los de a pie de poder saber como marcha la res publica. Y como contrapartida de nuestro derecho, está la obligación de los gobernantes de una república de brindarnos dicha información. Ni más, ni menos. Ni a mi, ni a ustedes, les regalaron graciosamente algo. Simplemente se regulo un derecho que hace al Estado de Derecho y a la forma republicana de gobierno. Saber en que usan nuestros dineros y que resultado obtienen con ellos no es una dádiva del estado ni de los políticos, es su obligación en tanto nuestros representantes. Saber el éxito, o al menos los resultados de las políticas sociales (y la educación lo es) es prioritario para poder reacomodar o exigir que se reacomoden dichas políticas.

*************

Finalizando, simplemente decir que hemos perdido un tiempo precioso. Con mayorías parlamentarias, con control en la adjudicación presupuestal, del gobierno, de los servicios descentralizados y de los entes autónomos, no hay excusas para el fracaso. Lo que no se hizo es porque no se quiso hacer, y no porque no se haya podido.

Los candidatos, o el sexo de los ángeles… Los puntos sobres las íes…

Los candidatos, o el sexo de los ángeles…

Los puntos sobres las íes…

            Explotó en las redes en estos días (tal vez un poco exagerada esta apreciación) el tema de la orientación sexual de los candidatos. Y todo a raíz de la pregunta que un entrevistador le realizó a un candidato (que por otra parte, todavía no sé a que se candidatea).

           

La  pregunta fue cortita, concreta y directa: ¿Sos gay?

La respuesta fue también corta: “No….soy gay. Soy heterosexual” (http://www.youtube.com/watch?v=YUbUBw8hf5o , tiempo: 20’24’’). Luego siguió el desarrollo del tema, y como era de esperar, se llenó de muchos lugares comunes.

***** -- *****

            Se habló mucho sobre si la entrevista estuvo preacordada, sobre si se utilizó para tratar de echar por tierra un run run que existía en los corrillos, o si por el contrario, el entrevistado no tenía idea de para donde rumbearía la entrevista… pero en relación a este tema, se habló poco sobre lo que para mi es importante: hasta donde tienen vida privada las personas públicas. Para no huirle al tema, y previo a reflexionar sobre lo que para mi importa, diré que a mi me dio la sensación (y no es más que una sensación) que sucedió todo lo anterior. Es decir, que el entrevistado sabía que se iba a tocar este tema, que era una buena forma de intentar “limpiar” la campaña, pero que sin duda quedó sorprendido por la pregunta tirada así, sin más, casi a bocajarro.  No hay duda que no fue una pregunta usual. Hasta ahora nunca habíamos escuchado que se preguntara sobre alguna supuesta amante emigrada, o sobre supuestos hijos no reconocidos, o sobre eventuales borracheras. Pero el que no se haya hecho, ¿impide que ahora se haga?

            Vayamos desgranando el choclo.

            Entrando al tema sobre el cual me propongo reflexionar, en primer lugar debo decir que poco importa cual fue la respuesta, que poco importa si el entrevistado es heterosexual u homosexual, si siéndolo lo niega, o si no siéndolo lo admite. Es su vida, es su opción, y no tenemos derecho a inmiscuirnos por la fuerza en esos temas. Pero esto no obsta a que no podamos opinar sobre la pregunta en sí. Y aunque parezca contradictorio, no me importa “la pregunta”, sino el límite que algunos creen que dicha “pregunta” traspaso. No reflexionaré sobre la pregunta ni sobre su respuesta sino sobre si los entrevistadores pueden ingresar a la vida privada de los hombres públicos

            Para contestar esa  interrogante, demos algunas vueltas.

Es claro para mí que no es admisible que se ingrese a la vida íntima de las personas comunes, salvo que sus actos violen el orden público o perjudiquen a otros. No es admisible éticamente, ni jurídicamente. Desde el momento que la Constitución pone fuera del alcance de los magistrados a las acciones privadas de las personas (Art. 13), también deberían quedar a salvo de cualquier otra persona. Si un Juez o un Fiscal (en quienes reposan las potestades acusatorias, inquisitivas o sancionatorias del Estado) no pueden entrar en estos temas, menos podrá entrar un particular.

            En español sencillo, lo que hago puertas para adentro no le debería interesar a nadie, salvo que viole el orden público o que perjudique a un tercero.

¿Podemos limitar este derecho? Si, podemos. Todos los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de la intimidad, son limitables en aras del interés general (Art. 7 de la Constitución).

¿Y que sucede en relación a los hombre públicos? Exactamente lo mismo. Tienen derecho a proteger su intimidad, y tienen derecho a que nadie se inmiscuya en ella, salvo por leyes dictadas en mérito al interés general. Así, por ejemplo, se les limita el derecho a la intimidad al estar obligados (algunos de ellos) a presentar declaraciones patrimoniales juradas que en determinadas circunstancias pueden hacerse públicas. Pero esto es sabido de antemano, y rige por ley, claramente basada en el ya referido interés general. Quién quiera proteger esta faceta de su intimidad, bastará con que no se postule o no acepte determinados cargos, y así su intimidad seguirá protegida.

***** -- *****

Ya entrando en tema, claramente todo lo anterior no responde la cuestión original. Si bien establece los derechos del entrevistado, no limita la potestad de preguntar del entrevistador.

Y está bien que no lo haga.  

No hay ninguna razón para limitar lo que el entrevistador pueda preguntar. Más aún, el entrevistador debe preguntar todo lo que considere necesario, interesante o informativo, a su criterio. Por su parte, estará a criterio del entrevistado prestarse a la entrevista o no, a contestar determinadas preguntas o negarse a hacerlo. Y estará en nosotros mirar o cambiar de canal.

El entrevistador  no se inmiscuye en la vida privada de nadie al preguntar, como no invade un hogar quién sólo golpea la puerta o toca el timbre. Será un derecho del entrevistado abrir la puerta o dejarla cerrada. Si decide abrir la puerta, ninguna intimidad ha sido violada. Y menos aún será violada (y nada se podría reprochar) si decide no atender. El hombre público, por ser público, no pierde su faz privada o íntima. Tiene el derecho a mantener la puerta cerrada, a entreabrirla sin sacar la cadena, o a no tener puertas; pero eso no impide que el entrevistador toque el timbre. Incluso, considero que el entrevistador está en la obligación de intentar abrir la puerta, pero obviamente, sin forzar a cerradura.

Desde el momento que el entrevistado aceptó responder a su entrevistador, el resto de las personas ya no tendrán lo que criticar. El entrevistado permitió que la puerta se abra y por tanto permitió que el entrevistador entre a su hogar. Ningún límite fue traspasado ni ningún derecho fue violado.

***** -- *****

Lo más llamativo del tema es que este punto haya sido el llamativo. 

A lo largo de la entrevista se tocaron temas que mi entender fueron mucho más trascendentales, tales como la educación, el aborto o la liberalización de la marihuana. O incluso temas ético-políticos que pasaron sin  mayor destaque en las redes, como fueron sus expresiones relativas a la responsabilidad de los hijos por las acciones de los padres o, lo que es lo mismo, el peso de un apellido.

Tristemente esto es una nueva muestra de un decaimiento cultural general. Importa más el chisme escabroso que las definiciones políticas. Estamos frente a una jorgerialización de la sociedad. Parece ser más importante saber a quién tenemos entre las sábanas que otras cosas, olvidándonos que cada uno puede hacer de su culo un pito.

TV DIGITAL - Un poco de humor nunca viene mal.

TV DIGITAL

Hemos logrado infiltrarnos en los más altos lugares de deliberación y acceder antes que el resto a la decisión final….

–        Che Pepe, ¿que hacemos con esto de los canales digitales? Se viene la fecha y seguís dando vueltas.

–        Y yo que se Homero, que queré, el tema ta difícil. No e moco e pavo. Fijate que se pudrió todo. Yo quería el canal compañero pero me lo molotovearon.

–        No Pepe. Fuiste tu. No te olvides que los trataste de garroneros.

–        ¿Yo? No seas nabo, Homero, nunca dije eso.

–        Como que no, Pepe. Ventilaste el pedido de cuatrocientos mil dólares al Fondes y los hundiste!

–        ¿Yo? No. Tas loco, Homero. No inventé. Parecé un juez de fobal inventando un penal.

–        El futbol lo trajiste vos, dijiste que no podías levantar el centro e ir a cabecear.

–        No me mezclé lo tema. El del fobal es VTV!

–        Pepe, acordate, hablabas de la revista que querían sacar y que pidieron financiación.

–        Seguís mezclando Homero. Esto es TV, no prensa… me queré hacer quedar mal. Y yo no soy ningún papirulo.

–        Pepe, el tema está que arde, algo tenemos que hacer. Vamos a tener reclamos de todos lados.

–        ¿Y? hagamo lo que hagamo, sonamo. O me peleo con la barra, o me peleo con el Danilo.

–        Mejor peleate con Danilo…. Llora, llora, pero no pasa nada.

–        Tené razón… dejame pensarlo mientras paseo a la Manuela.

Un par de horas después….

–        Homero, ya ta!

–        ¿Podemos hacer el anuncio, Pepe?

–        Oviooooo! Esto es TV Digital. La adjudicamo a dedo! Taaaaa!!!!

Fotocopias y Derechos de Autor ¿Existen los delitos chiquitos? Los puntos sobres las íes…

Fotocopias y Derechos de Autor 

¿Existen los delitos chiquitos?

Los puntos sobres las íes…

Las recientes actuaciones contra las “fotocopiadoras de la galería” me impulsan a realizar las presentes reflexiones. Más allá del divertimento que significó interactuar en twitter con este tema, y el haberme encontrado con comentarios muy ocurrentes, la pregunta del título es válida: ¿existen los delitos chiquitos?, o lo que es lo mismo ¿hay delitos menos delitos que otros?, o dándole un giro a todo lo anterior, ¿se puede justificar el delito de acuerdo al fin que persigue?.

La respuesta a todo lo anterior, a mi parecer, es que sí. Hay delitos que son más delitos que otros. Y esto desde muchas perspectivas distintas.

Basta leer apenas el segundo artículo del Código Penal, para saber que nuestro derecho positivo clasifica a los delitos en dos clases según su gravedad. Los delitos en serio, que son propiamente “delitos”, y los delitos chiquitos, que son las “faltas”. Incluso se prevén varias situaciones en que las acciones, que podrían significar un delito, no son considerados tales (por ejemplo la legítima defensa) o aunque se consideren delitos, no se les aplica pena (como era alguna situación de aborto, o determinados delitos contra la propiedad cometidos entre determinados familiares).

La doctrina también hace diferencias entre distintos tipos de delito. Algunos realmente malos, y otros no tanto, o tal vez, delitos más chiquitos. Así tenemos a los delitos “mala in se”, que son aquellos que claramente corresponden a conductas reprobadas por el colectivo (homicidio, rapiña, violación, etc.), y los “mala prohibita”, que no son “delitos por aclamación”, sino que lo son por prohibiciones derivadas de la política criminal de un Estado (como puede ser el contrabando o vender productos sin licencia).

Por último, sociológicamente también existen diferentes percepciones de los delitos. Incluso, el mismo delito puede ser percibido de distinta forma dependiendo del momento, o de la víctima, o incluso del “beneficiario” de la acción delictiva. No percibimos igual el actuar de un infantojuvenil pastabaseado robando en un kiosko de barrio, que el actuar de Robin Hood, o más modernamente, del Chueco Maciel. De aquel se escuchan comentarios en contra del actuar preventivo de la policía o de el fracaso de los sistemas de inclusión, e incluso se pide la cabeza de sus padres. De éstos últimos, en cambio, se percibe hasta cierta simpatía, y en definitiva, un regocijo por el daño que se le causa a la “víctima poderosa” y el beneficio que (aunque sea en parte) se le da a los “oprimidos”. Pero la realidad es que todos estos ejemplos tratan de lo mismo. De vulgares rapiñeros. De tipos que violentaron nuestro sistema legal, desconociendo derechos de otros y haciendo primar sus impulsos. Pero la sociedad no percibe esto último, sino que percibe lo anteriormente dicho. No en vano los carteles de la droga colombianos realizaban grandes obras de beneficencia en sus áreas de influencia. Mitigaban la repulsa de sus crímenes comprando simpatías.

Enfocando el tema a los hechos de estos días, debemos comentar algunas afirmaciones que se vieron en las redes.

La primera de ellas fue una crítica furibunda al despliegue realizado por la policía, Interpol incluida, en la requisa de las maquinas y de las copias. Tal vez el despliegue sonó exagerado, pero no olvidemos que se debieron requisar casi ochenta fotocopiadoras. Claramente no entraban en un patrullero. Tampoco podemos olvidar que el procedimiento obedeció a un requerimiento judicial. Y sin duda es mucho mejor que la policía actúe cuando se le requiere, a que desobedezca órdenes judiciales (recordemos el triste episodio en el cual el Ministerio del Interior se negó a acatar una orden judicial para desalojar una textil, y la supuesta “cadenas de llamadas” entre distintos jerarcas).

La segunda reacción a destacar fue una serie de comentarios relativos a los “pobres estudiantes” que no tiene otra opción para acceder a los materiales de estudio. Nuevamente estamos frente a un error en la mira. El procedimiento no fue contra los estudiantes, sino que fue contra una mafia organizada que se aprovechaba ilegítimamente de derechos de autor que no le pertenecían. Insisto, el problema no es entre estudiantes vs. editoriales, sino entre editoriales vs. fotocopiadores clandestinos. Los estudiantes son víctimas secundarias, pero no puede justificarse por su causa la comisión de estos delitos, como no debería justificarse una rapiña para repartir el botín obtenido entre otros. Es cierto que los costos de los libros son muy altos. Es cierto que a veces sólo se necesita unas pocas páginas de un libro muy grande. Es cierto que las bibliotecas no siempre tienen todos los ejemplares necesarios para atender la demanda. Pero todo esto es solucionable por otros métodos. Métodos, por otra parte, que no llenarían los bolsillos de los dueños de los locales (quienes, por otra parte, bien que cobraban las fotocopias).

Por último, y en cascada con lo anterior, hubo comentarios que reconocían que las conductas eran delictivas, pero que abogaban por no castigarlas hasta que se encontrasen soluciones que sirviesen de paliativo a las necesidades estudiantiles. Una especie de “delito tolerado por estado de necesidad”. Nuevamente, debo manifestar que este argumento también me parece equivocado.

Tratando de explicar esto último, llevaré las cosas a absurdos lógicos que permitan entender las situaciones más fácilmente.

Supongamos que los estudiantes, en vez de ser estudiantes fueran personas “sin techo”, potenciales “ocupas”. Supongamos también, que los dueños de los locales de fotocopiado fueran una organización dedicada a organizar a los “sin techo” para instalarse en los dormitorios o en los livings de nuestras casas, obviamente sin nuestro consentimiento. Por último, pensemos que nosotros con nuestras casas somos el equivalente a las editoriales o a los autores de los libros.  

Teniendo claro que todos nosotros entendemos que el Estado debe dar una solución a los sin techo, sería bueno preguntarse cuantos de nosotros estaríamos contentos de alojar a los sin techo que nos toquen en suerte, y a nuestro exclusivo costo, hasta que esas soluciones lleguen.

Está bien reclamar soluciones por parte del Estado, pero no está tan bien que mientras tanto, los costos sean soportados por terceros que nada pueden hacer por dar esas soluciones.

Pensemos seriamente en el tema. No lo hagamos en 140 caracteres. 

Los Derechos Humanos, la política y el dolor. Los puntos sobres las íes…

Los Derechos Humanos, la política y el dolor.

Los puntos sobres las íes…

Aceptando que recibiré recriminaciones variopintas, y mas de una subida de tono, no puedo dejar de decir lo que siento.

Hace pocos días explotó este tema por las declaraciones de un precandidato en relación a lo que haría con el tema de los desaparecidos en caso de llegar a la presidencia. Creo que sus declaraciones no fueron muy felices, que lastimaron a más de una persona, pusieron felices a alguna otra, y no permitieron que el tema (el importante, no el de las circunstanciales excavaciones) fuera analizado en todas sus dimensiones.

Si, sostengo que este tema tiene varias dimensiones, y tengo claro cual debe primar, pero eso no obsta a permitir que hayan otros que piensen distinto.

Una primera dimensión le hace al tema como sociedad en constante transformación. Si queremos seguir transformándonos y avanzando, creo que es necesario dar un cierre a este tema. Cierre que han sabido dar otras sociedades. Es aquí donde los políticos juegan su papel. Hubo un intento de cierre, el cual fue ratificado dos veces por el soberano. Poco más podríamos hacer al respecto. Pero, y siempre hay un pero, el cierre fue malinterpretado por una parte, o por todas ellas. Como bien se llamó la Ley, el cierre elegido fue el de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No fue el de no saber o el de olvidar el pasado. No. El cierre que se votó por el parlamento, y que fue ratificado por medio de dos referendos  refería a no penar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos, y no refirió a  negar el conocimiento de  la verdad.

Nadie puede exigirle a un familiar de desparecidos que deje de intentar saber. Tal exigencia sería una nueva violación de sus derechos fundamentales.

Y es ahí en donde conjuga lo político con lo personal. El Estado debe garantizar todas las medidas tendientes a saber lo ocurrido con cada uno de aquellos que hoy no están. Sean del bando que sean. Sean desaparecidos o fallecidos ubicados pero muertos en circunstancias no totalmente esclarecidas. Pero como sociedad, entiendo que podemos pedir un último sacrificio a sus dolientes. Y ese sacrificio no es dejar de buscar el saber (que como dije, tal pedido sería no sólo inaceptable, sino que sería improponible), sino que una vez averiguado, permitan que las heridas se vayan cerrando, que las nuevas generaciones puedan mirar para adelante.

No comparto los dichos de nuestro Presidente, en referencia a que este tema se va a cerrar cuando estén todos los participantes muertos. Eso sería muy triste. Hay que aprovechar mientras estén vivos para poder esclarecer la mayor cantidad de hechos posible, y a través de ese esclarecimiento poder aliviar el dolor, sincero, de aquellos que los sobrevivieron.

Eso si, de la misma forma que el Estado DEBE realizar todo lo que esté a su alcance, los políticos no deben aprovechar el dolor de nadie para llevar agua a su molino. Cuando los que lo hacen lo entiendan, tal vez consigan el apoyo de los que hoy se oponen. O tal vez no. Pero despojado de ribetes “politiqueros”, la verdad estará más cerca.

Creo que nunca se “dará vuelta la página”. Aquellos que salieron de esa etapa con cargas emocionales no resueltas no lo harán. Y razón tienen. Nadie está obligado a relegar su deseo “de saber” para satisfacer el interés difuso de la sociedad. Pero no sucede lo mismo con las penas a aplicar a los violadores de los derechos humanos. La pena a aplicar, o el no aplicar ninguna, sí es una cuestión de Estado, así como lo es la política criminal en general. Y esto no significa que apoye que permanezcan impunes determinados delitos por estar de acuerdo en que no son merecedores de castigo. No lo estoy. Pero, si bien entiendo que deberían ser castigados, creo que es más importante el poder obtener los datos y poder averiguar lo que falta saber, que el perseguir a los eventuales culpables y con esto coartar la posibilidad de averiguar lo que falta. No será la primera vez que se cambia información por impunidad, ni será la última.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no es la mejor herramienta, pero es la que hoy tenemos. Y bien utilizada puede ser de gran ayuda para el fin último de tratar de superar una negra etapa de nuestro país acercando el conocimiento de los hechos a todo aquel que necesite saberlo. Dejemos de pelearnos y discutir sobre si hay que derogarla, anularla o mantenerla. Lo importante no es la Ley. Lo importante es satisfacer de la mejor manera las necesidades de encontrar lo que algunos, con todo el derecho del mundo, están buscando.

En definitiva, ya sea que el tema haya sobrevolado, o haya subyacido, entiendo que es muy ingenuo pensar que el en el Club que queda en la esquina de Copacabana y Gral French este tema no haya sido conversado y por qué no, acordado. Y un tiempo después, aquel que metieron preso ni bien bajó del barco y no lo dejaron participar como candidato, apoyó su sanción legislativa. Vamos, nadie es ajeno a lo que se votó. No seamos tontos.

Como dije al comienzo, tengo claro a esta altura que por estas reflexiones recibiré recriminaciones de todos lados, y más de una subida de tono, pero en tanto no voy atrás de ningún cargo, ni dependo de caerle bien al resto para seguir en el ruedo, poco me importa. Es la ventaja que tenemos los tipos de a pie.

SOBRE EL DELITO Y SU PENA. Los puntos sobres las íes…

SOBRE EL DELITO Y SU  PENA.

Los puntos sobres las íes…

Venía escuchando en el auto la repetición de las “Tertulias del Espectador”. Una de ellas refirió al Japo, su accidente en la camioneta y el castigo que se le aplicó (16 horas de trabajo comunitario barriendo plazas). Sin duda que lo de él fue un “accidente con suerte”, ya que sólo se deben lamentar hierros retorcidos, y no mucho más. Podría haber sido mucho peor, no ya para él, sino para alguna víctima inocente que hubiese estado caminando por la rambla. Fuera del chiste (¿?) de que no fue él, sino #ElHermanoDelJapo, fue interesante escuchar los comentarios que llegaron de los oyentes, así como los que realizaron algunos tertulianos.

            Algunos expresaron que habría que haberlo mandado preso para que aprenda, otros le deseaban el mismo destino, pero para que sea un llamado de atención a los jóvenes que salen los fines de semana en auto. Entre los tertulianos, alguno expresó (aunque puedo estar confundido) que este sistema de castigos (aunque éste en particular era un poco leve) era adecuado, aunque debería agregársele algún tipo de “clases” para que tome conciencia de lo que hizo.

Fue interesante, al menos para mí, ver como las distintas personas que opinaban (contertulios y oyentes), iban dando los titulares de las distintas escuelas en relación a la finalidad de la pena (el castigo).

La finalidad de la pena, de acuerdo a los que saben (que no es mi caso), sufre una primera clasificación, que refiere a las teorías “absolutas o retributivas” frente a las teorías “relativas o preventivas”. A su vez, estas últimas se dividen  en las que buscan una finalidad de “prevención general” y otras que buscan una “prevención especial”.

La pena como “prevención general” tiene que ver con la etapa de amenaza legislativa. La “amenaza” que implica para el ciudadano común saber que frente a determinados actos recriminados por la sociedad, existirá determinado castigo. Implica, en definitiva, una coacción sicológica tendiente a disuadir a los ciudadanos de cometer tales actos. Es decir, la existencia de una pena es una disuasión dirigida a toda la sociedad. La primera finalidad de la pena sería la prevención general de los delitos.

Esta prevención general, por otra parte, da satisfacción a la sociedad que se siente protegida frente a los delincuentes por medio del poder del Estado. La aplicación de la pena, al satisfacer finalmente el sentimiento de protección, previene (o intenta prevenir) las represalias particulares (venganzas privadas) o colectivas  (linchamientos).  No debería primar la justicia, a ojos de sus defensores, sino la ejemplaridad de la pena.

                                                              ( Invito a leer JUSTICIA POR MANO PROPIA, LEGÍTIMA 

DEFENSA   Y EL DECAIMIENTO SOCIAL, en este mismo blog)  

           

Lo anteriormente dicho no es ajeno a las críticas. La principal, tal vez, es que de acuerdo a esta teoría, el castigo de un individuo no es en consideración de él mismo, sino que se le castiga tomando en cuenta a los demás. La paradoja que se da es la que la reacción penal se mide de acuerdo al efecto que tenga sobre la colectividad y no sobre el delincuente. También se la crítica aduciendo que ciertos sujetos no son intimidables, así como que otros no necesitan ser intimidados.

            La pena como “prevención especial” tiene que ver con una etapa posterior, con la etapa de ejecución o de efectiva aplicación de la misma. La pena se dirige al delincuente, como un mecanismo de “prevención especial” hacia el individuo que ha delinquido motivándolo a que no vuelva a hacerlo (la “resocialización” o “reeducación” del delincuente) o separándolo, como protección para el resto. Esta teoría tampoco está exenta de críticas. Brevemente, diremos que se basan en que: a) hay penas que no permiten la reeducación (tales como –yendo a los extremos– la pena de muerte, o la mera multa); b) Hay delincuentes que no tienen que ser reeducados debido a su moral, ideología o sentimientos altruistas (como podrían ser los delincuentes pasionales o los políticos); c) gran cantidad de delitos son culposos, por lo que el delincuente no es un inadaptado, sino un mero imperito, negligente o simplemente un imprevisor y d) hay delitos que no implican desadaptación social, sino que son considerados delitos por razones políticas, o por mera torpeza legislativa.

            Todo lo anterior se complica un poco más, en tanto además, se pueden separar en teorías “positivas” y teorías “negativas”. Resumo las combinaciones en el siguiente cuadro:

	Prevención General	Prevención Especial
Positiva	Se dirige al que no delinque, persiguiendo el fin de comunicarle que la norma está vigente, fortaleciendo la confianza en la misma.	Considera que la pena es “un bien” que permite resocializar al delincuente.
Negativa	Se dirige a los que no delinquen, por medio de la intimidación, intentando que no vayan a delinquir (el individuo racional hace un cálculo de costo/beneficio)	La pena permite “inocular” a la sociedad, separando a los delincuentes de la misma.

            Como es fácil darse cuenta – creo – ninguna de las teorías puras es omnicomprensiva por sí sola. La realidad es que en la práctica se ven más de una de ellas combinadas.

            En particular, en Uruguay, podemos ver ya a nivel constitucional como se recogen algunas de ellas. Así, el artículo 26 de nuestra Carta Magna establece que “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.”

Llevado este artículo constitucional al cuadro de más arriba, el “asegurar a los procesados y penados” permite inocular a la sociedad, separando a buenos de malos, es decir, la prevención especial negativa; la “reeducación” o resocialización refiere a la prevención especial positiva, y por último, la “profilaxis del delito” refiere a la prevención general, por cuanto por medio de la pena se estaría intentando evitar que los no delincuentes se transformen en delincuentes.

            Finalizando, retomo el comienzo de estas reflexiones. Los oyentes y los contertulios, en sus comentarios, no estaban errados. El error, a mi parecer, es separar o contraponer un argumento contra otro. La realidad jurídica, así como el estudio de las teorías sobre la finalidad de la pena me llevan a concluir que TODOS los argumentos esgrimidos (y por tanto, las distintas finalidades de la pena) deben ser tomados en cuenta, y no alguno de ellos por sobre otros.