Las dos mayorías.
Los puntos sobres las íes…
A la vista de todos está el resultado
de las elecciones del domingo pasado en
nuestro país.
Escrutado el 99.6% de los votos
emitidos, el 47.2% de quienes votaron lo hicieron por la fórmula del Dr.
Vázquez, lo que equivale al 42.3% de los habilitados para sufragar (dentro de
los cuales se encuentra, por cierto, gente que ya no vive en el país, e incluso
personas fallecidas luego de cerrarse el padrón electoral).
Esto le permite casi con total
seguridad obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tener chances
más que ciertas de que acontezca lo mismo en la Cámara de Senadores una vez se
finalice el conteo de los votos observados así como, también, obtener la
presidencia del país.
De darse lo anterior, nuevamente el
Frente Amplio podrá sancionar casi todas las leyes que le venga en ganas. Así
lo establece la Constitución, y por tanto al que no le guste que “vaya a llorar al cuartito”. La
institucionalidad así se lo permite y no debe pedirle permiso a nadie para
hacerlo. Si tiene los votos, tiene la legitimidad necesaria para que ello
acontezca.
¿Pero lo anterior implica que tiene
la legitimidad de “creerse que actúa por la mayoría”? No, no la tiene.
Hay un 57.7% de los inscriptos en el padrón electoral que no los votaron, y
casi un 53% de los que sí votaron que no los eligieron. El Frente Amplio
representa a quienes los votaron, pero ellos no son la mayoría.
¿Implica lo anterior que deben
abdicar de su Programa para actuar como que no tuviesen mayoría legislativa?
Nuevamente, no. Casi seguramente tendrán la mayoría legislativa (aunque no los
haya votado la mayoría de los electores), y eso alcanza para sancionar las
leyes que no requieren mayorías especiales. Nada más que esto es lo que pide la
Constitución, y eso es lo único que se le debe exigir, al menos desde este
punto de vista.
Por otra parte, también es cierto que
vienen gozando de mayorías parlamentarias desde hace un par de periodos, y no
obstante eso, más del 80% de las leyes fueron sancionadas también con votos de
otros partidos. Si bien la aplanadora funciona, funciona menos que lo que el
imaginario popular siente. Pero… el problema aparece cuando si funciona.
Ha habido leyes importantes que no
han contado con el apoyo de la oposición. Como ya expresé, no es grave, ni un menosprecio
a quienes no los votaron, y mucho menos un atentado a la institucionalidad. Es simplemente
aplicar las reglas del juego previamente aceptadas y por cierto conocidas, que
deben ser respetadas tanto cuando nos dejan en mejor posición como cuando nos
dejan en una no tan buena.
Pero, nuevamente pero…
…también en base a esas reglas del
juego por todos aceptadas han sancionado leyes inconstitucionales, y a
sabiendas de su inconstitucionalidad. Hasta hemos escuchado frases del estilo de
“la votamos así pero después sacamos otra
ley y la arreglamos”. Eso es lo que no se puede aceptar. Y es ahí donde la otra
mayoría, la de la gente, la de quienes no los votaron debe imponerse
por sobre la mayoría legislativa. Son las mismas reglas de juego que le
permiten a aquella mayoría (la legislativa) sancionar las leyes que entienden
convenientes, las que permiten a esta otra mayoría (reitero, la de la
gente) protegerse de los atropellos a la Constitución. No en vano nuestra Carta
Magna establece en su artículo cuarto que “La
soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación…”. Es por tanto a nosotros, habitantes
de un país regido por un mismo gobierno, es decir LA NACIÓN, que nos compete el luchar contra lo que en
este caso, y tal vez sólo en este caso, pueda entenderse como un uso abusivo e incluso
ilegítimo de las mayorías.
Son las mismas reglas de juego de las
que vengo hablando las que nos dan los derechos y los instrumentos para la
defensa de esas propias reglas. Cualquier ciudadano con un interés directo, personal
y legítimo le puede pedir al Poder Judicial en la persona de su jerarca (la
Suprema Corte de Justicia) que declare la inaplicabilidad de tales leyes. Debe
hacerse.
Pero también puede lograrse el mismo
fin, pero ya con carácter general, por medio de los mecanismos de ejercicio
directo de la soberanía (o institutos de democracia directa como le llaman
algunos). También debe hacerse. Y me estoy refiriendo al recurso de referéndum contra
las leyes.
La defensa de la institucionalidad
democrática es cosa seria. La Constitución debe defenderse ante todo. Es la
defensa de los integrantes de la nación frente a los abusos del poder. Incluso
del poder legítimamente instituido. Abuso, que como ya dije, se da en esta
hipótesis, y no se daría en el uso de las mayorías legislativas dentro de los
marcos constitucionales.
Los integrantes de esta otra
mayoría tienen las herramientas para que aquella mayoría no se les
imponga violando el pacto social. Y en esta situación no sólo es válido que la otra
mayoría se haga oír. Es un imperativo republicano.
Desahogado que fuese, me despido
hasta la próxima…
@dannyvile
