Educación, o cuando se
mata al mensajero…
Los
puntos sobres las íes…
Brutal
crimen.
Delincuentes
ingresan en una vivienda y atacan salvajemente a una familia. Vejaciones varias
ocasionadas a distintos integrantes de la familia. Vaciaron la biblioteca y la
utilizaron para hacer un asado, además de arrasar con sus otras pertenencias.
Estuvieron varias horas en el lugar ante la inacción del patrullero estacionado
en la puerta de su casa.. Un transeúnte que pasaba por allí, advirtiendo la situación,
ingresó a la vivienda y logró reducir a los delincuentes y liberar a la familia, realizando posteriormente
la denuncia policial.
Como
resultado de la misma, el transeúnte fue procesado con prisión por un delito de
alteración del orden público en concurrencia con dos delitos de provocación o
participación en reuniones contrarias al reposo de las poblaciones y contravención
a las disposiciones dictadas por la autoridad para garantir el orden, ambos
agravados por alevosía, causación de daños innecesarios y la existencia de un móvil
de ignominia.
Los
copadores, mientras tanto, recuperaron su libertad por desconocer su
responsabilidad en los hechos.
Las
víctimas, fueron severamente advertidas frente a su manifestación de querer mudarse
de barrio por el riesgo que tal actitud representaría en la estigmatización de
sus vecinos, con el correspondiente apercibimiento por desacato.
Brutal
crimen.
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Esta noticia, ficticia por cierto,
sorprendería a cualquier lector de cualquier parte del mundo.
O casi de cualquiera. A nosotros los
uruguayos, seguramente no.
Ya nos parece hasta normal. Y cambiando
algunos actores, y algunas tipificaciones, esto es lo que ha sucedido con el
tema de la publicación de los datos de repetición en los liceos de nuestro país.
El oficialismo, o al menos quienes
expresaron opinión al respecto (salvo poquísimas excepciones) cargaron sus
tintas contra el medio que solicitó, obtuvo y publicó los datos, pero nada
dijeron sobre el problema grave que esos datos reflejan. Se puede leer en la
prensa frases entrecomilladas tales como que publicar datos de repetición en
los liceos es "hacer
politiquería barata”, o “pedir el detalle de los liceos y publicarlo
es estigmatizar a los liceos y los chiquilines de secundaria se quejan de que
los discriminan”, o tal vez la mejor de
todas “está utilizando una
generosa ley que hizo el Frente Amplio de acceso a la información para hacer
politiquería barata”.
Unos pocos comentarios para cada una de
ellas.
Publicar los datos de repetición no es
politiquería barata. Es por el contrario, satisfacer un derecho que tenemos los
ciudadanos de poder conocer o controlar el resultado de los recursos que
invertimos en los distintos programas del presupuesto. Ni más ni menos. Y el no
hacerlo, por tanto, se transforma en un encubrimiento alevoso de los fracasos de
las políticas aplicadas.
En segundo término, el conocimiento de
los datos no estigmatiza a los chiquilines. Admitir lo contrario sería, tal
vez, hasta cargarle las culpas de los mismos. Puede ser que estigmatice a los
responsables de la creación de los planes, o de la implementación de los mismos
– a los cuales no veo razón para proteger – o de su puesta en práctica, pero a
los chiquilines, NO, NO y NO. Por el contrario, aquellos que aún provenientes
de esos liceos logran sortear la carrera con obstáculos en la que fueron
inmersos, seguramente contarán con ventajas a la hora de ser seleccionados o
destacaran en el desempeño de sus tareas. El simple hecho de poder llegar al
final ya habla de su fuerte decisión y compromiso de superación.
Por último, señores, el FA no nos
regalo generosamente ninguna ley de acceso a la información pública. DICHO
ACCESO ES UN DERECHO CIUDADANO. Es la forma que tenemos los de a pie de poder
saber como marcha la res publica. Y
como contrapartida de nuestro derecho, está la obligación de los gobernantes de
una república de brindarnos dicha información. Ni más, ni menos. Ni a mi, ni a ustedes,
les regalaron graciosamente algo. Simplemente se regulo un derecho que hace al Estado
de Derecho y a la forma republicana de gobierno. Saber en que usan nuestros
dineros y que resultado obtienen con ellos no es una dádiva del estado ni de
los políticos, es su obligación en tanto nuestros representantes. Saber el éxito,
o al menos los resultados de las políticas sociales (y la educación lo es) es prioritario
para poder reacomodar o exigir que se reacomoden dichas políticas.
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Finalizando,
simplemente decir que hemos perdido un tiempo precioso. Con mayorías
parlamentarias, con control en la adjudicación presupuestal, del gobierno, de
los servicios descentralizados y de los entes autónomos, no hay excusas para el
fracaso. Lo que no se hizo es porque no se quiso hacer, y no porque no se haya
podido.
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