Las dos mayorías

Las dos mayorías.

Los puntos sobres las íes…

A la vista de todos está el resultado de  las elecciones del domingo pasado en nuestro país.

Escrutado el 99.6% de los votos emitidos, el 47.2% de quienes votaron lo hicieron por la fórmula del Dr. Vázquez, lo que equivale al 42.3% de los habilitados para sufragar (dentro de los cuales se encuentra, por cierto, gente que ya no vive en el país, e incluso personas fallecidas luego de cerrarse el padrón electoral).

Esto le permite casi con total seguridad obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tener chances más que ciertas de que acontezca lo mismo en la Cámara de Senadores una vez se finalice el conteo de los votos observados así como, también, obtener la presidencia del país.

De darse lo anterior, nuevamente el Frente Amplio podrá sancionar casi todas las leyes que le venga en ganas. Así lo establece la Constitución, y por tanto al que no le guste que “vaya a llorar al cuartito”. La institucionalidad así se lo permite y no debe pedirle permiso a nadie para hacerlo. Si tiene los votos, tiene la legitimidad necesaria para que ello acontezca.

¿Pero lo anterior implica que tiene la legitimidad de “creerse que actúa por la mayoría”? No, no la tiene. Hay un 57.7% de los inscriptos en el padrón electoral que no los votaron, y casi un 53% de los que sí votaron que no los eligieron. El Frente Amplio representa a quienes los votaron, pero ellos no son la mayoría.

¿Implica lo anterior que deben abdicar de su Programa para actuar como que no tuviesen mayoría legislativa? Nuevamente, no. Casi seguramente tendrán la mayoría legislativa (aunque no los haya votado la mayoría de los electores), y eso alcanza para sancionar las leyes que no requieren mayorías especiales. Nada más que esto es lo que pide la Constitución, y eso es lo único que se le debe exigir, al menos desde este punto de vista.

Por otra parte, también es cierto que vienen gozando de mayorías parlamentarias desde hace un par de periodos, y no obstante eso, más del 80% de las leyes fueron sancionadas también con votos de otros partidos. Si bien la aplanadora funciona, funciona menos que lo que el imaginario popular siente. Pero… el problema aparece cuando si funciona.

Ha habido leyes importantes que no han contado con el apoyo de la oposición. Como ya expresé, no es grave, ni un menosprecio a quienes no los votaron, y mucho menos un atentado a la institucionalidad. Es simplemente aplicar las reglas del juego previamente aceptadas y por cierto conocidas, que deben ser respetadas tanto cuando nos dejan en mejor posición como cuando nos dejan en una no tan buena.

Pero, nuevamente pero…

…también en base a esas reglas del juego por todos aceptadas han sancionado leyes inconstitucionales, y a sabiendas de su inconstitucionalidad. Hasta hemos escuchado frases del estilo de “la votamos así pero después sacamos otra ley y la arreglamos”. Eso es lo que no se puede aceptar. Y es ahí donde la otra mayoría, la de la gente, la de quienes no los votaron debe imponerse por sobre la mayoría legislativa. Son las mismas reglas de juego que le permiten a aquella mayoría (la legislativa) sancionar las leyes que entienden convenientes, las que permiten a esta otra mayoría (reitero, la de la gente) protegerse de los atropellos a la Constitución. No en vano nuestra Carta Magna establece en su artículo cuarto que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación…”. Es por tanto a nosotros, habitantes de un país regido por un mismo gobierno, es decir LA NACIÓN,  que nos compete el luchar contra lo que en este caso, y tal vez sólo en este caso, pueda entenderse como un uso abusivo e incluso ilegítimo de las mayorías.

Son las mismas reglas de juego de las que vengo hablando las que nos dan los derechos y los instrumentos para la defensa de esas propias reglas. Cualquier ciudadano con un interés directo, personal y legítimo le puede pedir al Poder Judicial en la persona de su jerarca (la Suprema Corte de Justicia) que declare la inaplicabilidad de tales leyes. Debe hacerse.

Pero también puede lograrse el mismo fin, pero ya con carácter general, por medio de los mecanismos de ejercicio directo de la soberanía (o institutos de democracia directa como le llaman algunos). También debe hacerse. Y me estoy refiriendo al recurso de referéndum contra las leyes.

La defensa de la institucionalidad democrática es cosa seria. La Constitución debe defenderse ante todo. Es la defensa de los integrantes de la nación frente a los abusos del poder. Incluso del poder legítimamente instituido. Abuso, que como ya dije, se da en esta hipótesis, y no se daría en el uso de las mayorías legislativas dentro de los marcos constitucionales.

Los integrantes de esta otra mayoría tienen las herramientas para que aquella mayoría no se les imponga violando el pacto social. Y en esta situación no sólo es válido que la otra mayoría se haga oír. Es un imperativo republicano.

Desahogado que fuese, me despido hasta la próxima…

@dannyvile