martes, 31 de diciembre de 2013
martes, 24 de diciembre de 2013
Limpiando prontuarios. Los puntos sobres las íes…
Limpiando prontuarios.
Los puntos sobres las
íes…
Lindo
relajo se armó sobre fin de año. Justo a tiempo para que el alcohol de las
fiestas y calor del verano logre que lo olvidemos en poco tiempo. Es por eso
que prefiero reflexionar sobre esto ahora, que aún están sobrios. J
Vayamos
por partes.
Lo
primero que se debe abordar es el punto del delito en sí. El “abuso de funciones en casos no previstos
especialmente por la ley” ¿Es un delito bien
tipificado? ¿Es un delito que debiera existir en un estado democrático? Las
respuestas, a mi entender son bastante simples: No y No.
El
primer “NO” es fácil de explicar. Basta una simple lectura de su redacción para
ver que de la misma no surge en forma clara, contundente, sin que presente
dudas, cual es la conducta que se quiere castigar. Utiliza términos que en
derecho se llaman “conceptos jurídicos indeterminados”, los cuales son llenados
por el juez de turno de acuerdo a su experiencia, a la experiencia de otros
jueces y al sentir social, Realmente un atropello. Nada garantista. Y con
construcciones lógicas que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, comete “Abuso de funciones en casos no previstos
especialmente por la ley” “el funcionario
público que con abuso de su cargo…”. Es decir, comete abuso el que abusa…
lo que es lo mismo que no decir nada. No es posible definir algo utilizando ese
mismo algo.
Hasta el propio nombre es absurdo. Previene de los delitos no previstos en la
ley, por lo que como éste delito está previsto en una ley (el Código Penal), no
es alcanzable por sí mismo!!!
El segundo “NO” hace a los propios derechos
individuales. Uno de los mayores avances del derecho (y por tanto del respeto
de la personalidad humana) fue la Ley escrita. La Ley escrita, y por tanto
pública, permanece inmutable hasta que expresamente se modifique. Eso permite
que los ciudadanos la conozcamos, y que por tanto, podamos saber, antes de
hacerlas, que conductas nuestras están permitidas y cuales serán castigadas. Pero
para que esto suceda, las conductas prohibidas deben estar descritas con
precisión, no en forma aproximada o genérica. Cumplido esto, no estaremos a la
decisión de una autoridad arbitraria que decida por sí y ante sí si merecemos
un castigo o no. Si nos comportamos exactamente como la previsión legal, seremos
castigados, caso contrario, no.
No en vano los estados democráticos modernos
le dan al principio de legalidad en materia penal el rango de garantía a los
derechos humanos. Este principio lo que viene a decir es que únicamente la Ley
puede establecer que una conducta es un delito. Nos aleja de la arbitrariedad
de la autoridad que juzga nuestros actos. El derecho penal, en tanto pone en
juego unos de los derechos más importantes del ser humano (su libertad) debe
ser muy cuidadoso en determinar en que casos se le podrá quitar. Se debe
establecer claramente cuales son esas circunstancias, sin dejar lugar a
interpretaciones ajenas a la propia ley. No puede depender nuestra suerte del
juez que nos toque.
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El otro
punto que ha disparado estas reflexiones es el hecho que, al parecer y según trascendidos de tuiter (?), estarían
tratando de derogar este delito para limpiar el prontuario de dos personas.
La
realidad es su derogación limpiaría el prontuario de muchos más, y de varias
tiendas políticas. Eso lo iremos viendo al analizar como se alinean las
votaciones en las Cámaras… Como dijo Benedetti, somos muchos más que dos.
Y sobre
esto surgen un montón de nuevas reflexiones…
Partiendo
de la base que este delito debe ser derogado, ¿es este el momento justo para
hacerlo? Leyendo actas de la Cámara de Senadores del año 2007, tratando la
derogación de este delito en base a un proyecto de un único artículo presentado
por el Dr. Sanguinetti, los Drs. Breccia y Korseniak entendían que aquel no era el momento dado que existían
causas pendientes en la justicia. Que si bien eran partidarios de su
derogación, proponían pasarlo a estudio de la Comisión a cargo del nuevo Código
Penal. Una manera elegante de ponerlo a dormir.
El
Senador Michelini fue más drástico. Manifestó que “…no soy partidario de derogar el artículo… personalmente, prefiero
hacerle las modificaciones necesarias para que sea más preciso… Por supuesto,
cada uno tendrá su propia opinión acerca de lo que han determinado los Jueces sobre
este tema, pero lo cierto es que en varias oportunidades se ha tipificado con
esta figura penal situaciones absolutamente inexplicables de manejo de los
dineros públicos, que le han ocasionado un verdadero perjuicio a la
Administración… No quisiera que por el hecho de que el artículo no es preciso
le quitemos herramientas a los Jueces, cuando a la vista está que se ha
cometido un delito en el manejo de los dineros públicos...”.
Y es
posible que algunos actores que en ese entonces querían derogarlo, hoy tomen el
argumento de que no es el momento oportuno.
Sin
duda que es bueno que las personas cambien de opinión, de eso no puede haber
dudas, pero…
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Otro
tema que sorprende es la cantidad de archivos policiales y judiciales que han
salido al ruedo.
Parecería
ser que cuanto más se enchastra al rival, más limpio queda uno. Grave error. Lo
único que logran es quedar todos sucios. Que el otro haga lo mismo que yo no
santifica mi conducta. Si así no fuera, los delincuentes presos, que están
rodeados de otros delincuentes presos, estarían pidiendo su libertad inmediata,
y deberíamos concedérselas, no?
Que
difícil es para algunos admitir los propios errores cuando son tan hábiles en
marcar los errores ajenos.
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Por
último no me queda más que pensar en los indagados. Si fueran salvados por una
sanción ultra rápida del nuevo Código Penal, siempre quedará en el imaginario
colectivo eso, el que fueron salvados en el anca de un piojo. Y seguramente el
nuevo código Penal pasará a llamarse el Código
Lorenzo, o algo similar. Claramente no se lo merece. Tal vez debamos dejar
actuar a la justicia, esperar el pronunciamiento de la Corte (el cual, dado los
antecedentes jurisprudenciales, es previsible) y eventualmente el fallo de la
jueza. Tal vez dicte un auto de procesamiento. Tal vez no. Pero si no dejamos
que la justicia se exprese, el manto de duda será permanente. Y el
descreimiento de la “clase política” también.
E
incluso si se dictase finalmente un auto de procesamiento, votemos el nuevo
Código Penal ese mismo día. Deroguemos el delito y limpiemos sus fichas. Sería
harto comprensible limpiar la ficha cuando la mancha es en virtud de algo
que no debió existir. Pero no lo sería tanto el dejarles una mancha por una
derogación apresurada.
FELICES FIESTAS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE….O
NO.
jueves, 5 de diciembre de 2013
PISA al tacho… Los puntos sobres las íes…
PISA al tacho…
Los puntos sobres las
íes…
Nuevamente
saltó a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente de la mano de los
malos resultados logrados. Como no soy de los que apoyan la teoría de “cuanto peor, mejor”, debo manifestar que
los resultados obtenidos me apenan. Y no me apenan por mí, ya que a la luz de
la performance de nuestros estudiantes no veo que me aparezca competencia de
relevancia en un corto plazo. Me apena sí por mi hijo, y por los hijos de todos
aquellos que los tienen. Me apena por las generaciones perdidas. Y más me apena
por mi país en su conjunto.
Un país
chico como el nuestro, sin grandes recursos naturales, sin grandes industrias o
sin grandes desarrollos en ciencia y tecnología, para diferenciarse y triunfar
sólo puede apostar a la excelencia en lo que hace. Y para esto necesitamos
gente educada, otras que sepan educar, y por último también necesitamos
personas con capacidad de ser educadas. Creo que fallamos en los dos últimos
rubros.
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Nuevamente
salió a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente empezamos a escuchar
justificativos para estos magros resultados. Hasta he escuchado que los
responsables últimos del fracaso (o al menos corresponsables) son los padres de
los muchachos! Parecería ser que como ahora las madres también salen a
trabajar, descuidan a los chicos, y por tanto éstos no aprovechan la educación
que se les brinda. Pero señores, las madres salen a trabajar aquí, y en casi
todos los países del mundo, o al menos, en aquellos países que ocupan las
primeras posiciones en el ranking PISA (tal vez con la excepción de alguna
monarquía islámica). Y aunque esto realmente fuese una justificación de los
resultados, el fracaso no se estaría dando por este seudo-abandono, sino que en
definitiva el fracaso sería por no haber tomado estos datos de la realidad al
considerar el diseño de los sistemas o la metodologías de enseñanza.
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Nuevamente
salió a la palestra el tema de la educación. Y nuevamente empezamos a escuchar
justificativos tendientes a desacreditar la prueba por estar diseñada para
otras realidades. Pero basta mirar a los países ubicados arriba nuestro para
ver que existen de Asia, América, y
Europa; de mayoría protestante, católica, budista, judía y musulmana; estados
confesionales, laicos y ateos, de derecha y de izquierda, democráticos y no
tanto, muy poblados o casi despoblados, de muy altos PBIs y PBIs bajos, de IDH
muy bueno y no tanto… ¿Acaso los uruguayos seguimos considerando que somos tan
especiales? ¿Somos acaso marcianos?
Aún
cuando se acepte por un rato esta hipótesis, y admitamos también por un rato
que no es posible compararnos con el resto de los mortales, la prueba PISA si permite
compararnos con nosotros mismos. Y el resultado sigue siendo descorazonador.
Desde el 2003 (primera evaluación uruguaya) a la fecha, la tendencia ha sido de
una baja de nuestros resultados. Hoy estamos mucho peor que en 2003, y si nada
hacemos, en 2015 estaremos mucho peor que hoy.
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Nuevamente
salió a la palestra el tema de la educación. Y por suerte no escuché (al menos
yo) a nadie hablar de la “herencia
maldita”. Y bueno sería. Los chicos evaluados en 2012 rondaban los 14-15
años, por lo que ingresaron a la escuela hace unos 9 años, o tal vez 11 si
consideramos los ciclos preescolares. Claramente no podemos hablar de herencia
maldita. Tal vez por eso buscamos otros culpables. Para el Gobierno son las
familias, para las familias son los docentes, para los docentes es el Gobierno,
y para todos ellos, el Gran Bonete.
Como
frutilla de la torta, el peor resultado se obtiene una vez en pleno rodaje la
nueva Ley General de Educación (Ley 18.437 de 2009).
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Nuevamente
salió a la palestra el tema de la educación. Y tristemente escuché a muy poca
gente intentar aportar soluciones. No soy experto en el tema, pero ello no me
inhibe a tirar ideas. Y no son pocas las que se me ocurren. En primer lugar,
intentar un gran acuerdo nacional, el cual deberá ser protegido del bombardeo
corporativo que pueda sufrir. A esto se le debería agregar algunas medidas para
volver a centralizar la conducción de la enseñanza. No es aceptable que cada
órgano desconcentrado haga lo que se le ocurra, y el organismo central no pueda
tener injerencia directa en ninguno de ellos. LA POLÍTICA EDUCATIVA DEBE SER
UNA POLÍTICA DE ESTADO, Y DEBE SER EL ESTADO QUIÉN DE LOS LINEAMIENTOS. No me
parece mal darle participación a los gremios o a otros actores sociales, pero
su participación debe restringirse a escuchar su opinión, pero nunca a decidir
sobre las políticas a seguir. Podrán seguir existiendo órganos desconcentrados,
pero con cometidos y potestades bastante más reducidas que en la actualidad.
Incluso, creo conveniente que existan delegados (con voz pero sin voto) de la
enseñanza media en los órganos de primaria y de la Universidad. Con esto tal
vez logremos facilitar la coordinación entre las distintas etapas. Se deben
hacer cumplir las reglas básicas y no favorecer (no importa lo noble de su
intención) a quienes no llegan al nivel mínimo requerido, o asisten en forma
esporádica. Se debe castigar a los padres de aquellos que no asistan. Se debe
sancionar a aquellos docentes que faltan consetudinariamente (y que no siempre
lo hacen en sus puestos de la enseñanza privada) y no, en cambio, premiarlos
con premios por presentismo, y descuentos en cuotas, o participación en las
“economías”.
En
definitiva, DEBEMOS empezar a recorrer el camino de recuperar el gobierno de la
enseñanza.
Clemenceau
dijo que la guerra
era un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares. Pues
bien, la educación es un tema demasiado serio para dejarla únicamente en manos
de los docentes.
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Los tributos y la redistribución de la riqueza. Los puntos sobres las íes…
Los tributos y la
redistribución de la riqueza.
Los puntos sobres las íes…
Mucho se ha
discutido este fin de semana si es necesario aumentar la carga tributaria o no.
Creo que la discusión es equivocada, o siendo menos drástico, no es ésta la
primera discusión a abordar. Hay, a mi parecer, algo más importante a discutir.
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Previo al ingreso al tema, veamos
una rápida descripción de los tributos existentes en nuestro país. Existen tres
grandes familias de imposiciones, de acuerdo a lo que establece el Código
Tributario. Están las “tasas”, que
refieren a una actividad específica del Estado hacia el contribuyente, y cuyo
destino es el propio servicio público que la brinda. Existen asimismo las “contribuciones especiales”, que tienen relación
con la realización de obras o actividades estatales que otorgan un beneficio al
contribuyente, Éstas también tienen un destino específico, que es la
financiación de la propia obra o actividad desarrollada por el Estado. Por
último están los “impuestos”. Éstos
son independientes de cualquier actividad del estado en relación al
contribuyente.
Dado el peso que tienen en la
recaudación, y la “libre disponibilidad” de los mismos, son los impuestos los que se llevan la parte
del león en los ingresos estatales.
Los tributos (y en especial los
impuestos) cumplen varias finalidades.
La primera y más obvia es la finalidad recaudatoria. Creo que nadie
podrá sostener que un Estado pueda existir sin ingresos para su sustento. En
tanto el Estado está obligado a realizar un sinfín de tareas no “vendibles” o
brindar servicios o realizar actividades deficitarias en pos del bienestar
público, es más que razonable que dichas necesidades sean finalmente soportadas
por la sociedad, y esto se logra por medio de impuestos.
Una segunda función es la función promocional. Por medio de los
impuestos se intenta promover determinados comportamientos de los
contribuyentes, favoreciendo determinadas actividades, y desmotivando otras por
sobre las reglas del libre mercado. A simple modo de ejemplo, los incentivos
fiscales, o lisa y llanamente las exoneraciones, son una forma conocida de esta
función por la cual se pretende promover determinadas actividades.
La tercera función a la que me
quiero referir es la función redistributiva.
A través de esta se intenta influir en la relación comparativa de las
situaciones patrimoniales de los individuos, de modo que ésta resulte
modificada después de la imposición tributaria y de la utilización del dinero
producido.
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Y es a partir de esa última función
que nace, a mi entender, la cuestión fundamental: como, para qué y qué redistribuir. Es recién una vez resuelto esto
que se torna válida la discusión de si se debe recaudar más o no (sin perjuicio
de un análisis sobre la posibilidad de aumentar la recaudación, o en términos de
moda, si existe o no espacio fiscal).
Tengo el convencimiento de la
justicia que conlleva la función redistributiva de los impuestos (yendo un poco
más lejos, hasta podría aceptar incluso que los “precios” de la empresas
públicas puedan cumplir esta función). En lo que no estoy de acuerdo es en el
destino que se le da a nuestros impuestos.
El destinar los impuestos al aumento
de salarios públicos por el simple aumento originado en presiones corporativas,
a soportar el incremento del gasto corriente, o en definitiva, no destinarlo a
bienes perdurables, inversión productiva u obras de apoyo a la producción no es
una buena aplicación de la función redistributiva. Lo que aquello logra es
traspasar parte de los salarios o ingresos privados a los bolsillos de los
asalariados públicos, pero los menos favorecidos no reciben ningún beneficio de
esto.
La función redistributiva debería
orientarse a generar nuevos puestos de trabajo (no necesariamente públicos) a
través de la inversión en obras o en bienes durables. La función redistributiva
debería orientarse a proveerle servicios de salud de primera a aquellos que no
pueden costearse un servicio privado. La
función redistributiva debería orientarse a proveer educación de excelencia a
aquellos que no la pueden pagar con sus propios medios, así como brindársela en
edificios y aulas adecuadas, con el equipamiento necesario y con las
comodidades medias. La función redistributiva debería orientarse a brindarle a
todos, y no ya a los económicamente menos favorecidos, seguridad. (Algunos
querrán agregar aquí la investigación y las nuevas tecnologías, pero yo
entiendo que éstas tiene que ver con otra función, la función promocional)
Por el contrario, no cumplen con
esta función – del tributo o de los precios o tarifas – por ejemplo, el simple
trasvasamiento de ingresos privados a los bolsillos de los funcionarios
públicos, o el gasto de la recaudación en publicidad (propiamente dicha) de organismos
estatales.
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Retomando
lo dicho al comienzo, el aumentar o no aumentar la carga impositiva pasa a un
segundo plano. Es necesario, previamente, definir el destino de lo recaudado en
función de las metas redistributivas y como aplicaremos la recaudación de
acuerdo al presupuesto de necesidades a cubrir. Recién definido esto, y
contrastado con los ingresos previstos, podrá saberse si es necesario un
aumento en dicha carga.
No podemos aceptar el aumento de los
tributos por el sólo hecho de aumentarlos. El aceptarlo estaría dando a los
tributos una nueva función, la función “castigativa”. El aumentar por el sólo
hecho de sacarle a los que más tienen (lo cual tampoco es cierto pues el
percutido termina siendo mayoritariamente la clase media), no habla de
redistribución, sino que habla de una especie de venganza hacia los más
exitosos. No es ese el camino de lo que yo entiendo como justicia social.
sábado, 16 de noviembre de 2013
Educación, o cuando se mata al mensajero… Los puntos sobres las íes…
Educación, o cuando se
mata al mensajero…
Los
puntos sobres las íes…
Brutal
crimen.
Delincuentes
ingresan en una vivienda y atacan salvajemente a una familia. Vejaciones varias
ocasionadas a distintos integrantes de la familia. Vaciaron la biblioteca y la
utilizaron para hacer un asado, además de arrasar con sus otras pertenencias.
Estuvieron varias horas en el lugar ante la inacción del patrullero estacionado
en la puerta de su casa.. Un transeúnte que pasaba por allí, advirtiendo la situación,
ingresó a la vivienda y logró reducir a los delincuentes y liberar a la familia, realizando posteriormente
la denuncia policial.
Como
resultado de la misma, el transeúnte fue procesado con prisión por un delito de
alteración del orden público en concurrencia con dos delitos de provocación o
participación en reuniones contrarias al reposo de las poblaciones y contravención
a las disposiciones dictadas por la autoridad para garantir el orden, ambos
agravados por alevosía, causación de daños innecesarios y la existencia de un móvil
de ignominia.
Los
copadores, mientras tanto, recuperaron su libertad por desconocer su
responsabilidad en los hechos.
Las
víctimas, fueron severamente advertidas frente a su manifestación de querer mudarse
de barrio por el riesgo que tal actitud representaría en la estigmatización de
sus vecinos, con el correspondiente apercibimiento por desacato.
Brutal
crimen.
*************
Esta noticia, ficticia por cierto,
sorprendería a cualquier lector de cualquier parte del mundo.
O casi de cualquiera. A nosotros los
uruguayos, seguramente no.
Ya nos parece hasta normal. Y cambiando
algunos actores, y algunas tipificaciones, esto es lo que ha sucedido con el
tema de la publicación de los datos de repetición en los liceos de nuestro país.
El oficialismo, o al menos quienes
expresaron opinión al respecto (salvo poquísimas excepciones) cargaron sus
tintas contra el medio que solicitó, obtuvo y publicó los datos, pero nada
dijeron sobre el problema grave que esos datos reflejan. Se puede leer en la
prensa frases entrecomilladas tales como que publicar datos de repetición en
los liceos es "hacer
politiquería barata”, o “pedir el detalle de los liceos y publicarlo
es estigmatizar a los liceos y los chiquilines de secundaria se quejan de que
los discriminan”, o tal vez la mejor de
todas “está utilizando una
generosa ley que hizo el Frente Amplio de acceso a la información para hacer
politiquería barata”.
Unos pocos comentarios para cada una de
ellas.
Publicar los datos de repetición no es
politiquería barata. Es por el contrario, satisfacer un derecho que tenemos los
ciudadanos de poder conocer o controlar el resultado de los recursos que
invertimos en los distintos programas del presupuesto. Ni más ni menos. Y el no
hacerlo, por tanto, se transforma en un encubrimiento alevoso de los fracasos de
las políticas aplicadas.
En segundo término, el conocimiento de
los datos no estigmatiza a los chiquilines. Admitir lo contrario sería, tal
vez, hasta cargarle las culpas de los mismos. Puede ser que estigmatice a los
responsables de la creación de los planes, o de la implementación de los mismos
– a los cuales no veo razón para proteger – o de su puesta en práctica, pero a
los chiquilines, NO, NO y NO. Por el contrario, aquellos que aún provenientes
de esos liceos logran sortear la carrera con obstáculos en la que fueron
inmersos, seguramente contarán con ventajas a la hora de ser seleccionados o
destacaran en el desempeño de sus tareas. El simple hecho de poder llegar al
final ya habla de su fuerte decisión y compromiso de superación.
Por último, señores, el FA no nos
regalo generosamente ninguna ley de acceso a la información pública. DICHO
ACCESO ES UN DERECHO CIUDADANO. Es la forma que tenemos los de a pie de poder
saber como marcha la res publica. Y
como contrapartida de nuestro derecho, está la obligación de los gobernantes de
una república de brindarnos dicha información. Ni más, ni menos. Ni a mi, ni a ustedes,
les regalaron graciosamente algo. Simplemente se regulo un derecho que hace al Estado
de Derecho y a la forma republicana de gobierno. Saber en que usan nuestros
dineros y que resultado obtienen con ellos no es una dádiva del estado ni de
los políticos, es su obligación en tanto nuestros representantes. Saber el éxito,
o al menos los resultados de las políticas sociales (y la educación lo es) es prioritario
para poder reacomodar o exigir que se reacomoden dichas políticas.
*************
Finalizando,
simplemente decir que hemos perdido un tiempo precioso. Con mayorías
parlamentarias, con control en la adjudicación presupuestal, del gobierno, de
los servicios descentralizados y de los entes autónomos, no hay excusas para el
fracaso. Lo que no se hizo es porque no se quiso hacer, y no porque no se haya
podido.
sábado, 26 de octubre de 2013
Los candidatos, o el sexo de los ángeles… Los puntos sobres las íes…
Los candidatos, o el sexo de los ángeles…
Los
puntos sobres las íes…
Explotó
en las redes en estos días (tal vez un poco exagerada esta apreciación) el tema
de la orientación sexual de los candidatos. Y todo a raíz de la pregunta que un
entrevistador le realizó a un candidato (que por otra parte, todavía no sé a
que se candidatea).
La
pregunta fue cortita, concreta y directa: ¿Sos gay?
La respuesta fue también corta: “No….soy gay. Soy heterosexual” (http://www.youtube.com/watch?v=YUbUBw8hf5o , tiempo: 20’24’’). Luego siguió el desarrollo del tema, y como era de esperar,
se llenó de muchos lugares comunes.
***** -- *****
Se
habló mucho sobre si la entrevista estuvo preacordada, sobre si se utilizó para
tratar de echar por tierra un run run
que existía en los corrillos, o si por el contrario, el entrevistado no tenía
idea de para donde rumbearía la entrevista… pero en relación a este tema, se
habló poco sobre lo que para mi es importante: hasta donde tienen vida privada las personas públicas. Para no
huirle al tema, y previo a reflexionar sobre lo que para mi importa, diré que a
mi me dio la sensación (y no es más que una sensación) que sucedió todo lo
anterior. Es decir, que el entrevistado sabía que se iba a tocar este tema, que
era una buena forma de intentar “limpiar” la campaña, pero que sin duda quedó
sorprendido por la pregunta tirada así, sin más, casi a bocajarro. No hay duda que no fue una pregunta usual.
Hasta ahora nunca habíamos escuchado que se preguntara sobre alguna supuesta
amante emigrada, o sobre supuestos hijos no reconocidos, o sobre eventuales borracheras. Pero el que no se haya hecho, ¿impide que ahora se haga?
Vayamos
desgranando el choclo.
Entrando
al tema sobre el cual me propongo reflexionar, en primer lugar debo decir que
poco importa cual fue la respuesta, que poco importa si el entrevistado es
heterosexual u homosexual, si siéndolo lo niega, o si no siéndolo lo admite. Es
su vida, es su opción, y no tenemos derecho a inmiscuirnos por la fuerza en
esos temas. Pero esto no obsta a que no podamos opinar sobre la pregunta en sí.
Y aunque parezca contradictorio, no me importa “la pregunta”, sino el límite
que algunos creen que dicha “pregunta” traspaso. No reflexionaré sobre la
pregunta ni sobre su respuesta sino sobre si los entrevistadores pueden ingresar a la vida privada de los hombres
públicos
Para
contestar esa interrogante, demos
algunas vueltas.
Es claro para mí que no es admisible que
se ingrese a la vida íntima de las personas comunes, salvo que sus actos violen
el orden público o perjudiquen a otros. No es admisible éticamente, ni
jurídicamente. Desde el momento que la Constitución pone fuera del alcance de
los magistrados a las acciones privadas de las personas (Art. 13), también
deberían quedar a salvo de cualquier otra persona. Si un Juez o un Fiscal (en
quienes reposan las potestades acusatorias, inquisitivas o sancionatorias del
Estado) no pueden entrar en estos temas, menos podrá entrar un particular.
En
español sencillo, lo que hago puertas para adentro no le debería interesar a
nadie, salvo que viole el orden público o que perjudique a un tercero.
¿Podemos limitar este derecho? Si,
podemos. Todos los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de la
intimidad, son limitables en aras del interés general (Art. 7 de la
Constitución).
¿Y que sucede en relación a los hombre
públicos? Exactamente lo mismo. Tienen derecho a proteger su intimidad, y
tienen derecho a que nadie se inmiscuya en ella, salvo por leyes dictadas en
mérito al interés general. Así, por ejemplo, se les limita el derecho a la
intimidad al estar obligados (algunos de ellos) a presentar declaraciones
patrimoniales juradas que en determinadas circunstancias pueden hacerse
públicas. Pero esto es sabido de antemano, y rige por ley, claramente basada en
el ya referido interés general. Quién quiera proteger esta faceta de su
intimidad, bastará con que no se postule o no acepte determinados cargos, y así
su intimidad seguirá protegida.
***** -- *****
Ya entrando en tema, claramente todo lo
anterior no responde la cuestión original. Si bien establece los derechos del
entrevistado, no limita la potestad de preguntar del entrevistador.
Y
está bien que no lo haga.
No hay ninguna razón para limitar lo que
el entrevistador pueda preguntar. Más aún, el entrevistador debe preguntar todo lo
que considere necesario, interesante o informativo, a su criterio. Por su parte, estará a criterio del entrevistado
prestarse a la entrevista o no, a contestar determinadas preguntas o negarse a
hacerlo. Y estará en nosotros mirar o cambiar de canal.
El
entrevistador no se inmiscuye en la vida
privada de nadie al preguntar, como no invade un hogar quién sólo golpea la
puerta o toca el timbre. Será un derecho del
entrevistado abrir la puerta o dejarla cerrada. Si decide abrir la puerta, ninguna
intimidad ha sido violada. Y menos aún será violada (y nada se podría
reprochar) si decide no atender. El hombre
público, por ser público, no pierde su faz privada o íntima. Tiene el
derecho a mantener la puerta cerrada, a entreabrirla sin sacar la cadena, o a
no tener puertas; pero eso no impide que
el entrevistador toque el timbre. Incluso, considero que el entrevistador está en la
obligación de intentar abrir la puerta, pero obviamente, sin forzar a
cerradura.
Desde
el momento que el entrevistado aceptó responder a su entrevistador, el resto de
las personas ya no tendrán lo que criticar. El entrevistado permitió que la puerta se abra y por tanto permitió
que el entrevistador entre a su hogar. Ningún
límite fue traspasado ni ningún derecho fue violado.
***** -- *****
Lo más llamativo del tema es que este
punto haya sido el llamativo.
A lo largo de la entrevista se tocaron temas que
mi entender fueron mucho más trascendentales, tales como la educación, el
aborto o la liberalización de la marihuana. O incluso temas ético-políticos que
pasaron sin mayor destaque en las redes,
como fueron sus expresiones relativas a la responsabilidad de los hijos por las
acciones de los padres o, lo que es lo mismo, el peso de un apellido.
Tristemente esto es una nueva muestra de
un decaimiento cultural general. Importa más el chisme escabroso que las
definiciones políticas. Estamos frente a una jorgerialización de la sociedad. Parece ser más importante saber a
quién tenemos entre las sábanas que otras cosas, olvidándonos que cada uno
puede hacer de su culo un pito.
miércoles, 23 de octubre de 2013
TV DIGITAL - Un poco de humor nunca viene mal.
TV
DIGITAL
Hemos
logrado infiltrarnos en los más altos lugares de deliberación y acceder antes
que el resto a la decisión final….
–
Che
Pepe, ¿que hacemos con esto de los canales digitales? Se viene la fecha y seguís
dando vueltas.
–
Y
yo que se Homero, que queré, el tema ta difícil. No e moco e pavo. Fijate que
se pudrió todo. Yo quería el canal compañero pero me lo molotovearon.
–
No
Pepe. Fuiste tu. No te olvides que los trataste de garroneros.
–
¿Yo?
No seas nabo, Homero, nunca dije eso.
–
Como
que no, Pepe. Ventilaste el pedido de cuatrocientos mil dólares al Fondes y los
hundiste!
–
¿Yo?
No. Tas loco, Homero. No inventé. Parecé un juez de fobal inventando un penal.
–
El
futbol lo trajiste vos, dijiste que no podías levantar el centro e ir a
cabecear.
–
No
me mezclé lo tema. El del fobal es VTV!
–
Pepe,
acordate, hablabas de la revista que querían sacar y que pidieron financiación.
–
Seguís
mezclando Homero. Esto es TV, no prensa… me queré hacer quedar mal. Y yo no soy
ningún papirulo.
–
Pepe,
el tema está que arde, algo tenemos que hacer. Vamos a tener reclamos de todos
lados.
–
¿Y?
hagamo lo que hagamo, sonamo. O me peleo con la barra, o me peleo con el
Danilo.
–
Mejor
peleate con Danilo…. Llora, llora, pero no pasa nada.
–
Tené
razón… dejame pensarlo mientras paseo a la Manuela.
Un par de
horas después….
–
Homero,
ya ta!
–
¿Podemos
hacer el anuncio, Pepe?
–
Oviooooo!
Esto es TV Digital. La adjudicamo a dedo! Taaaaa!!!!
martes, 22 de octubre de 2013
Fotocopias y Derechos de Autor ¿Existen los delitos chiquitos? Los puntos sobres las íes…
Fotocopias y Derechos
de Autor
¿Existen los delitos
chiquitos?
Los puntos sobres las íes…
Las recientes actuaciones contra las “fotocopiadoras de la galería” me
impulsan a realizar las presentes reflexiones. Más allá del divertimento que
significó interactuar en twitter con este tema, y el haberme encontrado con
comentarios muy ocurrentes, la pregunta del título es válida: ¿existen los
delitos chiquitos?, o lo que es lo mismo ¿hay delitos menos delitos que otros?,
o dándole un giro a todo lo anterior, ¿se puede justificar el delito de acuerdo
al fin que persigue?.
La respuesta a todo lo anterior, a mi
parecer, es que sí. Hay delitos que son más delitos que otros. Y esto desde
muchas perspectivas distintas.
Basta leer apenas el segundo artículo del
Código Penal, para saber que nuestro derecho positivo clasifica a los delitos
en dos clases según su gravedad. Los delitos en serio, que son propiamente “delitos”, y los delitos chiquitos, que
son las “faltas”. Incluso se prevén
varias situaciones en que las acciones, que podrían significar un delito, no
son considerados tales (por ejemplo la legítima defensa) o aunque se consideren
delitos, no se les aplica pena (como era alguna situación de aborto, o
determinados delitos contra la propiedad cometidos entre determinados
familiares).
La doctrina también hace diferencias
entre distintos tipos de delito. Algunos realmente malos, y otros no tanto, o
tal vez, delitos más chiquitos. Así tenemos a los delitos “mala in se”, que son aquellos que claramente corresponden a
conductas reprobadas por el colectivo (homicidio, rapiña, violación, etc.), y
los “mala prohibita”, que no son
“delitos por aclamación”, sino que lo son por prohibiciones derivadas de la
política criminal de un Estado (como puede ser el contrabando o vender
productos sin licencia).
Por último, sociológicamente también
existen diferentes percepciones de los delitos. Incluso, el mismo delito puede
ser percibido de distinta forma dependiendo del momento, o de la víctima, o
incluso del “beneficiario” de la acción delictiva. No percibimos igual el
actuar de un infantojuvenil pastabaseado robando en un kiosko de barrio, que el
actuar de Robin Hood, o más modernamente, del Chueco Maciel. De aquel se
escuchan comentarios en contra del actuar preventivo de la policía o de el
fracaso de los sistemas de inclusión, e incluso se pide la cabeza de sus
padres. De éstos últimos, en cambio, se percibe hasta cierta simpatía, y en
definitiva, un regocijo por el daño que se le causa a la “víctima poderosa” y
el beneficio que (aunque sea en parte) se le da a los “oprimidos”. Pero la
realidad es que todos estos ejemplos tratan de lo mismo. De vulgares rapiñeros.
De tipos que violentaron nuestro sistema legal, desconociendo derechos de otros
y haciendo primar sus impulsos. Pero la sociedad no percibe esto último, sino
que percibe lo anteriormente dicho. No en vano los carteles de la droga
colombianos realizaban grandes obras de beneficencia en sus áreas de
influencia. Mitigaban la repulsa de sus crímenes comprando simpatías.
Enfocando el tema a los hechos de estos
días, debemos comentar algunas afirmaciones que se vieron en las redes.
La primera de ellas fue una crítica
furibunda al despliegue realizado por la policía, Interpol incluida, en la
requisa de las maquinas y de las copias. Tal vez el despliegue sonó exagerado,
pero no olvidemos que se debieron requisar casi ochenta fotocopiadoras.
Claramente no entraban en un patrullero. Tampoco podemos olvidar que el
procedimiento obedeció a un requerimiento judicial. Y sin duda es mucho mejor
que la policía actúe cuando se le requiere, a que desobedezca órdenes
judiciales (recordemos el triste episodio en el cual el Ministerio del Interior
se negó a acatar una orden judicial para desalojar una textil, y la supuesta
“cadenas de llamadas” entre distintos jerarcas).
La segunda reacción a destacar fue una
serie de comentarios relativos a los “pobres estudiantes” que no tiene otra
opción para acceder a los materiales de estudio. Nuevamente estamos frente a un
error en la mira. El procedimiento no fue contra los estudiantes, sino que fue
contra una mafia organizada que se aprovechaba ilegítimamente de derechos de
autor que no le pertenecían. Insisto, el problema no es entre estudiantes vs.
editoriales, sino entre editoriales vs. fotocopiadores clandestinos. Los
estudiantes son víctimas secundarias, pero no puede justificarse por su causa
la comisión de estos delitos, como no debería justificarse una rapiña para
repartir el botín obtenido entre otros. Es cierto que los costos de los libros son
muy altos. Es cierto que a veces sólo se necesita unas pocas páginas de un
libro muy grande. Es cierto que las bibliotecas no siempre tienen todos los
ejemplares necesarios para atender la demanda. Pero todo esto es solucionable
por otros métodos. Métodos, por otra parte, que no llenarían los bolsillos de
los dueños de los locales (quienes, por otra parte, bien que cobraban las
fotocopias).
Por último, y en cascada con lo anterior,
hubo comentarios que reconocían que las conductas eran delictivas, pero que
abogaban por no castigarlas hasta que se encontrasen soluciones que sirviesen
de paliativo a las necesidades estudiantiles. Una especie de “delito tolerado por estado de necesidad”.
Nuevamente, debo manifestar que este argumento también me parece equivocado.
Tratando de explicar esto último, llevaré
las cosas a absurdos lógicos que permitan entender las situaciones más
fácilmente.
Supongamos que los estudiantes, en vez de
ser estudiantes fueran personas “sin
techo”, potenciales “ocupas”.
Supongamos también, que los dueños de los locales de fotocopiado fueran una
organización dedicada a organizar a los “sin
techo” para instalarse en los dormitorios o en los livings de nuestras
casas, obviamente sin nuestro consentimiento. Por último, pensemos que nosotros
con nuestras casas somos el equivalente a las editoriales o a los autores de
los libros.
Teniendo claro que todos nosotros
entendemos que el Estado debe dar una solución a los sin techo, sería bueno
preguntarse cuantos de nosotros estaríamos contentos de alojar a los sin techo
que nos toquen en suerte, y a nuestro
exclusivo costo, hasta que esas soluciones lleguen.
Está bien reclamar soluciones por parte
del Estado, pero no está tan bien que mientras tanto, los costos sean
soportados por terceros que nada pueden hacer por dar esas soluciones.
Pensemos seriamente en el tema. No lo
hagamos en 140 caracteres.
martes, 15 de octubre de 2013
Los Derechos Humanos, la política y el dolor. Los puntos sobres las íes…
Los Derechos Humanos,
la política y el dolor.
Los
puntos sobres las íes…
Aceptando que recibiré recriminaciones
variopintas, y mas de una subida de tono, no puedo dejar de decir lo que
siento.
Hace pocos días explotó este tema por las
declaraciones de un precandidato en relación a lo que haría con el tema de los
desaparecidos en caso de llegar a la presidencia. Creo que sus declaraciones no
fueron muy felices, que lastimaron a más de una persona, pusieron felices a
alguna otra, y no permitieron que el tema (el importante, no el de las
circunstanciales excavaciones) fuera analizado en todas sus dimensiones.
Si, sostengo que este tema tiene varias
dimensiones, y tengo claro cual debe primar, pero eso no obsta a permitir que
hayan otros que piensen distinto.
Una primera dimensión le hace al tema
como sociedad en constante transformación. Si queremos seguir transformándonos
y avanzando, creo que es necesario dar un cierre a este tema. Cierre que han
sabido dar otras sociedades. Es aquí donde los políticos juegan su papel. Hubo
un intento de cierre, el cual fue ratificado dos veces por el soberano. Poco
más podríamos hacer al respecto. Pero, y siempre hay un pero, el cierre fue
malinterpretado por una parte, o por todas ellas. Como bien se llamó la Ley, el
cierre elegido fue el de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No fue el de no saber o el de olvidar el
pasado. No. El cierre que se votó por el parlamento, y que fue ratificado
por medio de dos referendos refería a
no penar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos, y no refirió
a negar el conocimiento de la verdad.
Nadie
puede exigirle a un familiar de desparecidos que deje de intentar saber. Tal
exigencia sería una nueva violación de sus derechos fundamentales.
Y es ahí en donde conjuga lo político con
lo personal. El Estado debe garantizar todas las medidas tendientes a saber lo
ocurrido con cada uno de aquellos que hoy no están. Sean del bando que sean.
Sean desaparecidos o fallecidos ubicados pero muertos en circunstancias no
totalmente esclarecidas. Pero como sociedad, entiendo que podemos pedir un
último sacrificio a sus dolientes. Y ese sacrificio no es dejar de buscar el saber (que como dije, tal pedido sería no
sólo inaceptable, sino que sería improponible), sino que una vez averiguado,
permitan que las heridas se vayan cerrando, que las nuevas generaciones puedan
mirar para adelante.
No comparto los dichos de nuestro
Presidente, en referencia a que este tema se va a cerrar cuando estén todos los
participantes muertos. Eso sería muy triste. Hay que aprovechar mientras estén
vivos para poder esclarecer la mayor cantidad de hechos posible, y a través de
ese esclarecimiento poder aliviar el dolor, sincero, de aquellos que los
sobrevivieron.
Eso si, de la misma forma que el Estado
DEBE realizar todo lo que esté a su alcance, los políticos no deben aprovechar
el dolor de nadie para llevar agua a su molino. Cuando los que lo hacen lo
entiendan, tal vez consigan el apoyo de los que hoy se oponen. O tal vez no.
Pero despojado de ribetes “politiqueros”, la verdad estará más cerca.
Creo que nunca se “dará vuelta la
página”. Aquellos que salieron de esa etapa con cargas emocionales no resueltas
no lo harán. Y razón tienen. Nadie está obligado a relegar su deseo “de saber”
para satisfacer el interés difuso de la sociedad. Pero no sucede lo mismo con
las penas a aplicar a los violadores de los derechos humanos. La pena a aplicar, o el no
aplicar ninguna, sí es una cuestión de Estado, así como lo es la política
criminal en general. Y esto no significa que apoye que permanezcan impunes
determinados delitos por estar de acuerdo en que no son merecedores de castigo.
No lo estoy. Pero, si bien entiendo que deberían ser castigados, creo que es
más importante el poder obtener los datos y poder averiguar lo que falta saber,
que el perseguir a los eventuales culpables y con esto coartar la posibilidad
de averiguar lo que falta. No será la primera vez que se cambia información por
impunidad, ni será la última.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado no es la mejor herramienta, pero es la que hoy tenemos. Y bien
utilizada puede ser de gran ayuda para el fin último de tratar de superar una
negra etapa de nuestro país acercando el conocimiento de los hechos a todo
aquel que necesite saberlo. Dejemos de pelearnos y discutir sobre si hay que
derogarla, anularla o mantenerla. Lo importante no es la Ley. Lo importante es
satisfacer de la mejor manera las necesidades de encontrar lo que algunos, con
todo el derecho del mundo, están buscando.
En definitiva, ya sea que el tema haya
sobrevolado, o haya subyacido, entiendo que es muy ingenuo pensar que el en el
Club que queda en la esquina de Copacabana y Gral French este tema no haya sido
conversado y por qué no, acordado. Y un tiempo después, aquel que metieron
preso ni bien bajó del barco y no lo dejaron participar como candidato, apoyó
su sanción legislativa. Vamos, nadie es ajeno a lo que se votó. No seamos
tontos.
Como dije al comienzo, tengo claro a esta
altura que por estas reflexiones recibiré recriminaciones de todos lados, y más
de una subida de tono, pero en tanto no voy atrás de ningún cargo, ni dependo
de caerle bien al resto para seguir en el ruedo, poco me importa. Es la ventaja
que tenemos los tipos de a pie.
sábado, 12 de octubre de 2013
SOBRE EL DELITO Y SU PENA. Los puntos sobres las íes…
SOBRE EL DELITO Y
SU PENA.
Los puntos sobres las íes…
Venía escuchando en el auto la repetición
de las “Tertulias del Espectador”. Una de ellas refirió al Japo, su accidente
en la camioneta y el castigo que se le aplicó (16 horas de trabajo comunitario
barriendo plazas). Sin duda que lo de él fue un “accidente con suerte”, ya que
sólo se deben lamentar hierros retorcidos, y no mucho más. Podría haber sido
mucho peor, no ya para él, sino para alguna víctima inocente que hubiese estado
caminando por la rambla. Fuera del chiste (¿?) de que no fue él, sino #ElHermanoDelJapo, fue interesante
escuchar los comentarios que llegaron de los oyentes, así como los que
realizaron algunos tertulianos.
Algunos
expresaron que habría que haberlo mandado preso para que aprenda, otros le
deseaban el mismo destino, pero para que sea un llamado de atención a los jóvenes
que salen los fines de semana en auto. Entre los tertulianos, alguno expresó (aunque
puedo estar confundido) que este sistema de castigos (aunque éste en particular
era un poco leve) era adecuado, aunque debería agregársele algún tipo de “clases”
para que tome conciencia de lo que hizo.
Fue interesante, al menos para mí, ver
como las distintas personas que opinaban (contertulios y oyentes), iban dando
los titulares de las distintas escuelas en relación a la finalidad de la pena (el castigo).
La finalidad de la pena , de acuerdo a
los que saben (que no es mi caso), sufre una primera clasificación, que refiere
a las teorías “absolutas o retributivas”
frente a las teorías “relativas o
preventivas”. A su vez, estas últimas se dividen en las que buscan una finalidad de “prevención general” y otras que buscan
una “prevención especial”.
Esta prevención general, por otra parte, da satisfacción
a la sociedad que se siente protegida frente a los delincuentes por medio del
poder del Estado. La aplicación de la
pena , al satisfacer finalmente el sentimiento de protección,
previene (o intenta prevenir) las represalias particulares (venganzas privadas)
o colectivas (linchamientos). No debería primar la justicia, a ojos de sus defensores, sino la ejemplaridad
de la pena.
( Invito a leer JUSTICIA POR MANO PROPIA, LEGÍTIMA
DEFENSA Y EL DECAIMIENTO SOCIAL, en este mismo blog)
Lo anteriormente dicho no es ajeno a las
críticas. La principal, tal vez, es que de acuerdo a esta teoría, el castigo de
un individuo no es en consideración de él mismo, sino que se le castiga tomando
en cuenta a los demás. La paradoja
que se da es la que la reacción penal se mide de acuerdo al efecto que tenga
sobre la colectividad y no sobre el delincuente. También se la crítica
aduciendo que ciertos sujetos no son intimidables, así como que otros no
necesitan ser intimidados.
Todo
lo anterior se complica un poco más, en tanto además, se pueden separar en teorías “positivas”
y teorías “negativas”. Resumo las combinaciones en el siguiente cuadro:
Prevención General
|
Prevención Especial
|
|
Positiva
|
Se dirige al que no delinque,
persiguiendo el fin de comunicarle que la norma está vigente, fortaleciendo
la confianza en la misma.
|
Considera que
|
Negativa
|
Se dirige a los que no delinquen,
por medio de la intimidación, intentando que no vayan a delinquir (el individuo
racional hace un cálculo de costo/beneficio)
|
Como
es fácil darse cuenta – creo – ninguna de las teorías puras es omnicomprensiva
por sí sola. La realidad es que en la práctica se ven más de una de ellas
combinadas.
En
particular, en Uruguay, podemos ver ya a nivel constitucional como se recogen algunas
de ellas. Así, el artículo 26 de nuestra Carta Magna establece que “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún
caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados,
persiguiendo su reeducación, la
aptitud para el trabajo y la profilaxis
del delito.”
Llevado este artículo constitucional al
cuadro de más arriba, el “asegurar a los procesados y penados”
permite inocular a la sociedad, separando a buenos de malos, es decir, la prevención especial negativa; la “reeducación”
o resocialización refiere a la prevención
especial positiva, y por último, la “profilaxis del delito” refiere a la prevención general, por cuanto por
medio de la pena
se estaría intentando evitar que los no delincuentes se transformen en
delincuentes.
Finalizando,
retomo el comienzo de estas reflexiones. Los oyentes y los contertulios, en sus
comentarios, no estaban errados. El error, a mi parecer, es separar o
contraponer un argumento contra otro. La
realidad jurídica, así como el estudio de las teorías sobre la finalidad de la pena me llevan a concluir que
TODOS los argumentos esgrimidos (y por tanto, las distintas finalidades de la pena )
deben ser tomados en cuenta, y no alguno de ellos por sobre otros.
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